--- canonical_url: "https://espaciolibremexico.com/contenido/3227/acabamos-con-los-mapaches-electorales-ahora-vamos-por-los-coyotes-sheinbaum" title: "“Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos por los coyotes”: Sheinbaum" article_type: "Article" description: "Desde 1999 corrupción de contratistas" main_image: "https://espaciolibremexico.com/download/multimedia.grande.ab5f0866c5f9e276.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-28T10:46:00-06:00" date_modified: "2026-10-28T10:47:17-06:00" tags: - "Claudia Sheinbaum" - "INE" - "México" - "Sheinbaum" author_name: "Jesús Francisco Sánchez" author_url: "https://espaciolibremexico.com/usuario/3/jesus-francisco-sanchez" category_name: "Nacional" category_url: "https://espaciolibremexico.com/categoria/2/nacional" category_description: "Entérate de las últimas noticias sobre lo que está ocurriendo en México" --- # “Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos por los coyotes”: Sheinbaum **La presidenta exige investigar los contratos de material electoral que, según sus declaraciones, arrastran antecedentes desde hace más de dos décadas. El objetivo: esclarecer quiénes se han beneficiado, revisar las adjudicaciones y terminar con la concentración de contratos públicos.** La frase de Claudia Sheinbaum retumbó en la mañanera de este miércoles y abrió un nuevo frente en la discusión sobre el sistema electoral mexicano: **“Acabamos con los mapaches electorales; ahora vamos por los coyotes electorales”.** La presidenta no se refirió únicamente a las controversias recientes en el Instituto Nacional Electoral (INE). Su señalamiento apunta a un problema que, según expuso, tiene antecedentes desde 1999: la participación de empresas proveedoras de material electoral en contratos que hoy están bajo cuestionamiento. El asunto cambia de dimensión cuando se coloca sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quiénes han hecho negocios con las instituciones electorales durante todos estos años y bajo qué condiciones obtuvieron esos contratos? Sheinbaum sostuvo que las irregularidades señaladas no comenzaron con Guadalupe Taddei al frente del INE. Para respaldar su argumento, recordó antecedentes periodísticos sobre contrataciones en el Estado de México y cuestionamientos relacionados con la empresa Cartonera Plástica, reportados en años anteriores. La mandataria pidió que se revisen los antecedentes, se auditen los procedimientos y se deslinden responsabilidades. Su planteamiento es que las investigaciones no se limiten a los hechos más recientes, sino que permitan reconstruir la historia de las adjudicaciones y determinar si existieron prácticas irregulares durante distintas administraciones. **DE 1999 A 2026: LA PREGUNTA QUE EXIGE RESPUESTAS** De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, los cuestionamientos relacionados con proveedores de material electoral se remontan a 1999, cuando surgieron señalamientos sobre una contratación en el Estado de México. Sheinbaum también hizo referencia a una publicación de *El Universal* del 20 de mayo de 2005, relacionada con presuntas irregularidades en la asignación de contratos para fabricar material electoral. Según su exposición, aquella controversia estuvo vinculada con Cartonera Plástica y con decisiones tomadas dentro del organismo electoral mexiquense. La importancia de estos antecedentes radica en que permiten plantear una investigación más amplia: no basta con revisar quién firmó los contratos recientes; también es necesario esclarecer cómo se construyeron las relaciones comerciales entre proveedores y autoridades electorales, qué empresas participaron, qué mecanismos de adjudicación se utilizaron y si existieron beneficios indebidos. Pero hay una distinción indispensable: que existan señalamientos históricos no significa que todas las personas o empresas mencionadas hayan cometido delitos. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes mediante investigaciones y procedimientos con garantías legales. Lo que sí debe quedar claro es que **ningún contrato público puede quedar fuera del escrutinio por el simple hecho de haberse celebrado hace años o de involucrar a instituciones electorales**. **EL ESCÁNDALO RECIENTE OBLIGA A REVISAR LOS CONTRATOS** La discusión se intensificó tras las investigaciones sobre contratos del INE y de organismos electorales locales, así como los cuestionamientos sobre empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. El tema ya no se limita a una disputa de declaraciones políticas. La Auditoría Superior de la Federación ha sido señalada como una instancia clave para revisar las contrataciones y determinar si existen elementos que ameriten acciones administrativas o penales. La prensa también ha reportado investigaciones sobre posibles irregularidades en procedimientos de contratación, entre ellas presuntas deficiencias documentales y cuestiones relacionadas con la competencia entre proveedores. Cada hallazgo debe examinarse de acuerdo con sus propios documentos, montos, responsables y conclusiones oficiales. No es lo mismo una observación de auditoría que una responsabilidad administrativa firme, y ninguna de las dos equivale automáticamente a una sentencia penal. Precisamente por eso, la revisión debe ser pública, exhaustiva y verificable. Si se acreditan simulaciones, conflictos de interés, colusión o desvíos de recursos, las autoridades deberán actuar conforme a la ley. Si una acusación no se sostiene, también debe quedar asentado. **La transparencia no puede depender de quién resulte señalado ni de la administración bajo la cual se firmó un contrato.** **SHEINBAUM PLANTEA FORTALECER A TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO** Entre las alternativas expuestas por la presidenta está fortalecer a Talleres Gráficos de México para que tenga mayor capacidad de producir boletas, papelería y otros materiales utilizados en las elecciones. La propuesta busca reducir la dependencia de un grupo limitado de proveedores privados y ampliar la participación del Estado en una actividad estratégica para la organización de los comicios. El planteamiento abre una discusión que va más allá de los nombres de las empresas: ¿debe el Estado mexicano contar con mayor capacidad propia para producir los materiales electorales y reducir la concentración de contratos? Una mayor participación de Talleres Gráficos de México podría convertirse en una alternativa, siempre que existan capacidad técnica suficiente, costos competitivos, controles de calidad y mecanismos estrictos de vigilancia. La producción pública tampoco debe quedar exenta de auditorías. Si el objetivo es cerrar espacios a las irregularidades, los controles deben aplicarse tanto a los proveedores privados como a las instituciones del Estado. La meta tendría que ser concreta: procesos transparentes, competencia efectiva, entregas verificables y cada peso público debidamente justificado. **¿Y QUÉ PAPEL JUEGA GUADALUPE TADDEI?** Los cuestionamientos recientes también han colocado bajo el escrutinio público la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE y las relaciones de personas cercanas con empresarios vinculados a proveedores electorales. Sin embargo, las relaciones personales o familiares, por sí solas, no demuestran que una funcionaria haya intervenido indebidamente en una contratación. Para establecer responsabilidades es necesario identificar decisiones, documentos, posibles conflictos de interés y pruebas que permitan determinar si se infringió la ley. Sheinbaum sostuvo que deben investigarse las posibles irregularidades sin dar por sentada la culpabilidad de nadie. También rechazó que la controversia sobre los proveedores signifique que la validez de las elecciones mexicanas esté en duda. El punto central, por tanto, no consiste en convertir las sospechas en condenas anticipadas, sino en esclarecer si hubo beneficios indebidos, quiénes participaron y qué controles fallaron. Si existen responsabilidades, deben establecerse con pruebas. Si hubo omisiones institucionales, deben corregirse. Y si los procedimientos fueron legales, la documentación pública debe permitir comprobarlo. **LA EXIGENCIA DE FONDO: QUE SE SEPA QUIÉN CONTRATA, QUIÉN COBRA Y QUIÉN RESPONDE** La frase de la presidenta coloca sobre la mesa una cuestión que merece seguimiento más allá del debate partidista: la manera en que se contratan bienes y servicios indispensables para las elecciones. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué empresas reciben recursos públicos, cuánto dinero se les paga, cómo ganaron los concursos, quién autorizó las adjudicaciones y si los bienes contratados fueron entregados en las condiciones pactadas. La investigación también debe aclarar si hubo competencia real entre proveedores o si las condiciones de contratación favorecieron reiteradamente a determinadas empresas. La revisión histórica puede ser decisiva para responder esas preguntas. Pero para llegar a conclusiones sólidas se necesitan expedientes, contratos, auditorías, registros de pagos y resoluciones oficiales, no solamente declaraciones o señalamientos políticos. **La democracia no se fortalece ocultando los problemas de sus instituciones, sino investigándolos y corrigiéndolos.** Si los antecedentes se remontan a 1999, como afirmó Sheinbaum, la investigación debe explicar qué ocurrió entonces, qué cambió después y si las prácticas cuestionadas continuaron durante los años siguientes. No se trata de sustituir una acusación por otra. Se trata de que ninguna empresa, funcionario o institución quede al margen de la rendición de cuentas. La pregunta que queda abierta es tan sencilla como importante: ¿estamos ante problemas aislados de contratación o ante prácticas que se mantuvieron durante distintas administraciones y que nunca fueron esclarecidas por completo? La respuesta no puede depender de versiones políticas. Debe surgir de una investigación documentada, pública y con consecuencias cuando la ley haya sido vulnerada. **Porque los recursos electorales pertenecen a la sociedad, no a quienes tienen acceso privilegiado a los contratos.** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.