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title: "Se destapa el cochinero del INE"
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# Se destapa el cochinero del INE

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno presentó en la mañanera una investigación sobre los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuya trayectoria se remonta a dependencias de Gobernación y al antiguo CISEN. Expuso cómo construyeron seis empresas que terminaron participando en licitaciones del INE y de organismos electorales estatales. La red comenzó a operar en el mercado electoral desde 1999 y aparece vinculada con contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2024. En el entramado político también aparecen personajes relacionados con el antiguo Consejo General del INE, incluido Lorenzo Córdova.

La conferencia presidencial de este jueves dejó al descubierto una nueva dimensión del escándalo por la concentración de contratos para fabricar materiales electorales en México. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó información sobre los antecedentes empresariales y profesionales de dos personajes centrales de esta historia: los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

La exposición cambia el alcance de la discusión. Ya no se trata solamente de revisar quién contrató a determinadas empresas durante la administración de Guadalupe Taddei, sino de reconstruir cómo se formó una estructura empresarial que logró mantenerse durante décadas dentro del mercado de materiales electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum resumió la dimensión histórica del caso con una afirmación contundente:

«Esta red no nació hace dos años, nació por lo menos hace 27 años».

Y la documentación presentada por Buenrostro permite remontar todavía más atrás los antecedentes profesionales de los empresarios investigados: hasta la década de 1980 y sus vínculos con dependencias del Gobierno federal.

**DE GOBERNACIÓN Y EL CISEN A LOS MILLONARIOS CONTRATOS ELECTORALES**

Uno de los datos más relevantes de la presentación de Raquel Buenrostro fue la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas antes de convertirse en empresarios proveedores de materiales electorales.

De acuerdo con la información expuesta, ambos ingresaron en 1983 a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

La presentación también documentó que Raymundo Francisco Hernández Casillas estuvo vinculado con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde ocupó el cargo de subjefe de Investigaciones del 16 de febrero al 1 de noviembre de 1983.

Posteriormente, prestó servicios en el Registro Nacional de Población entre abril de 1986 y febrero de 1989.

Estos antecedentes son relevantes porque permiten reconstruir la trayectoria de quienes posteriormente desarrollarían empresas que participarían en las licitaciones de materiales electorales.

Según la exposición gubernamental, después de su paso por el servicio público y de la incorporación de Padilla Aguilar a la administración del Estado de México, los hermanos dejaron esas actividades y comenzaron a desarrollar sus negocios privados.

**SEIS EMPRESAS: ASÍ SE CONSTRUYÓ LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL**

Buenrostro presentó información corporativa que relaciona a los hermanos con seis compañías:

- Formas Finas y Materiales.
- Cajas Graf.
- Seriplast de México.
- Comercializadora JVLY.
- Corporativo ZEG.
- Formas Finas Fernando Fernández.

La información fue contrastada con registros de la Secretaría de Economía, mediante el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).

El señalamiento central es que estas compañías no deben analizarse como proveedores completamente independientes sin revisar sus relaciones corporativas, accionistas, representantes y apoderados legales.

La presentación también mostró un esquema de presunta simulación de competencia en licitaciones: varias empresas relacionadas participarían en un mismo procedimiento, presentando propuestas con precios simulados mientras una de ellas conseguiría la adjudicación.

Este mecanismo, de acreditarse, habría permitido aparentar competencia entre proveedores cuando en realidad existirían relaciones empresariales que deben ser investigadas.

La secretaria también informó que tres de las compañías señaladas cuentan con denuncias ante la Fiscalía General de la República. Esto no equivale a una sentencia ni acredita por sí mismo la responsabilidad penal de sus propietarios.

**1999: EL PRIMER ESCÁNDALO Y EL INICIO DEL NEGOCIO ELECTORAL**

La investigación presentada por Buenrostro reconstruyó un antecedente fundamental: en 1999, los hermanos Hernández Casillas comenzaron a participar como proveedores de materiales electorales en el Estado de México, mediante Cartonera Plástica, empresa constituida desde 1988.

Pero el problema no terminó ahí.

En 2005 se produjo otro escándalo relacionado con contratos de estos empresarios en el Estado de México, que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.

Es decir, existían antecedentes públicos de controversias sobre las contrataciones electorales desde mucho antes de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.

La presentación también identificó la creación de nuevas empresas del grupo entre 2012 y 2013, justo antes de la reforma político-electoral de 2014, que modificó profundamente la relación entre el INE y los organismos electorales estatales.

**LORENZO CÓRDOVA Y LA REFORMA DE PEÑA NIETO: EL MOMENTO CLAVE**

Uno de los puntos políticamente más relevantes de la exposición es la reforma electoral de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el contexto del llamado Pacto por México.

Con esa reforma, el Consejo General del INE adquirió la facultad de designar a los consejeros de los 32 organismos electorales locales.

Esto significó que las designaciones dejaron de depender de los congresos estatales y pasaron a concentrarse en el máximo órgano electoral nacional.

El Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova tuvo un papel central en la integración de los organismos locales durante el periodo 2014-2023.

De acuerdo con los señalamientos presentados por el Gobierno federal, esos organismos terminaron contratando reiteradamente a las mismas empresas proveedoras de materiales electorales.

La presidenta Sheinbaum cuestionó precisamente esa coincidencia: el Consejo General encabezado por Córdova nombró a los consejeros locales y, posteriormente, los organismos integrados bajo ese esquema contrataron a los proveedores que ahora están bajo investigación.

También recordó que Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral de Sonora y que posteriormente llegó a la presidencia del INE mediante insaculación en la Cámara de Diputados, en 2023.

La pregunta que plantea esta investigación es por qué, después de los escándalos de 1999 y 2005, los mecanismos de contratación continuaron favoreciendo a un grupo tan reducido de proveedores.

**EL DATO POLÍTICO: LOS VÍNCULOS QUE LLEGAN HASTA SOMOS**

Otro elemento de la exposición presidencial fue la trayectoria política de Padilla Aguilar, personaje mencionado en la reconstrucción de los antecedentes de esta red.

Sheinbaum señaló su participación en el Frente Cívico Nacional en el Estado de México desde 2022 y su presencia actual en el partido Somos.

La mandataria también mencionó que en ese espacio político coinciden personajes que ocuparon posiciones relevantes en el antiguo INE:

- Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE e integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos.
- Marco Antonio Baños, exconsejero electoral y representante suplente ante el instituto.
- Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE y titular del Centro de Formación y Profesionalización Política de ese partido.

Este dato permite identificar conexiones políticas e institucionales que merecen escrutinio público. Sin embargo, la coincidencia en una organización política no demuestra por sí misma participación en las irregularidades empresariales.

Lo que debe esclarecerse es si existieron relaciones, decisiones o intervenciones concretas que facilitaron la permanencia de los proveedores en las contrataciones electorales.

**2 MIL 461 MILLONES DE PESOS: EL TAMAÑO DEL NEGOCIO**

La información presentada por Buenrostro se conecta con los hallazgos del Órgano Interno de Control del INE.

Su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco empresas y 13 personas relacionadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2024.

El organismo identificó prácticas como la simulación de competencia, además de relaciones corporativas entre los participantes.

Entre los montos de contratación atribuidos a algunas compañías durante la administración de Lorenzo Córdova, Contralínea reportó:

**Empresa**   **Contratos reportados**     Cajas Graf   $915.5 millones     Formas Finas y Materiales   $778.7 millones     Seriplast México   $85.1 millones     Comercializadora JVLY   $76.8 millones     Corporativo ZEG   $4.9 millones

Estas cifras corresponden a los montos reportados para el periodo de 2014 a 2022 y no representan por sí solas una determinación de daño patrimonial o de responsabilidad penal.

El contralor también señaló que entre las prácticas investigadas se encuentran la colusión en licitaciones, la posible manipulación de precios y las deficiencias en los estudios de mercado.

**LA SALIDA: TRANSPARENCIA TOTAL Y TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO**

Ante este panorama, Sheinbaum planteó que la solución no consiste únicamente en revisar las contrataciones recientes, sino en desmontar las condiciones que permitieron la concentración del mercado durante décadas.

Entre las medidas propuestas destacan:

1. Una auditoría histórica de las contrataciones del INE y de los organismos electorales estatales.
2. Revisar los criterios de las licitaciones para permitir la participación de nuevos proveedores.
3. Investigar las relaciones entre las empresas, sus accionistas y representantes.
4. Fortalecer Talleres Gráficos de México para que produzca la mayor parte de los materiales electorales.
5. Establecer mecanismos de vigilancia externa y transparencia en la producción y contratación.

La propuesta busca que una empresa pública pueda fabricar casillas, mamparas y otros materiales electorales con precios justos, controles de calidad y mecanismos de seguridad.

También se planteó la posibilidad de reutilizar materiales electorales cuando sus condiciones lo permitan, evitando gastos innecesarios.

**27 AÑOS DE ANTECEDENTES: LA INVESTIGACIÓN NO DEBE DETENERSE**

La exposición de Raquel Buenrostro puso sobre la mesa información que permite reconstruir una historia que comienza mucho antes de las actuales autoridades electorales.

Desde los antecedentes profesionales de los empresarios en dependencias de Gobernación, pasando por los escándalos de 1999 y 2005, la constitución de nuevas compañías, la reforma de 2014 y los contratos millonarios, aparece una sucesión de acontecimientos que requiere una investigación integral.

El caso también obliga a revisar el papel de los funcionarios que tuvieron facultades para modificar los mecanismos de contratación y de quienes permitieron que los mismos proveedores conservaran su presencia en el mercado.

Lorenzo Córdova debe responder políticamente por las decisiones institucionales tomadas durante su presidencia, mientras que cualquier responsabilidad administrativa o penal deberá determinarse mediante investigaciones y pruebas. Lo mismo debe aplicarse a las autoridades de las administraciones posteriores.

No basta con señalar a Guadalupe Taddei ni con concentrar la atención en los contratos recientes. La investigación debe llegar a los orígenes, identificar a todos los participantes y establecer cómo funcionó este entramado empresarial durante tantos años.

LA PREGUNTA YA NO ES SOLAMENTE QUIÉN VENDIÓ LAS URNAS, LAS MAMPARAS Y LOS MATERIALES ELECTORALES. LA PREGUNTA ES QUIÉN CONSTRUYÓ EL NEGOCIO, QUIÉN LE ABRIÓ LAS PUERTAS DEL SISTEMA ELECTORAL Y QUIÉN PERMITIÓ QUE SE MANTUVIERA DURANTE 27 AÑOS.

México merece conocer toda la historia y saber quiénes se beneficiaron de miles de millones de pesos provenientes del erario.

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