En Durango la elección del Poder Judicial será una farsa, una simulación que costará 150 millones de pesos

El año pasado publiqué un artículo en el que abogué por la erradicación de la corrupción en el Poder Judicial de nuestro estado mediante el famoso “Plan C” de nuestro Tlatoani. En donde planteaba que mediante la elección democrática de jueces y magistrados podríamos alcanzar una mayor competitividad y acabar con los tradicionales "dedazos".

Sin embargo, en Durango, las cosas han tomado un rumbo que raya en lo absurdo. El gobierno estatal, el Poder Judicial actual y la Legislatura local han logrado “alinear los astros” para que el número de candidatos propuestos coincida exactamente con el número de posiciones a cubrir. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que en las próximas elecciones programadas para el 1 de junio se disputarán 49 posiciones y, ¿adivinen cuántos candidatos han presentado? Exacto: 49.

Imaginemos que hoy es el día de la elección y al abrir la boleta, encontramos 49 opciones, una para cada posición. ¿Por quién votaría usted, si cada candidatura no tiene competencia? En este escenario, aunque nadie votara, bastaría con que el propio candidato interesado lo hiciera para asegurar su victoria. Esto no es democracia, es una simulación obscena!!! una farsa!!!........que ya estaba cantada desde el principio.

Más allá de la sorprendente coincidencia entre los candidatos y las posiciones, lo que realmente llama la atención es quiénes integran esta lista de aspirantes, en la que se incluye hijos, hermanos y esposas de funcionarios de diversos ámbitos. Por ejemplo, encontramos a Julio César Piña de la Garza, hijo de la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza, y a María Magdalena Alanís Herrera, hermana de Ernesto Alanís, diputado del PRI. Estos son solo algunos casos que evidencian el nepotismo descarado que persiste en el sistema.

El problema no termina ahí, lo más indignante es que esta reforma al Poder Judicial, que originalmente tenía como objetivo erradicar prácticas como el nepotismo y fomentar la transparencia, ha terminado siendo otra oportunidad para consolidar redes familiares y políticas en el poder.

A esto se suma el tema del presupuesto: 150 millones de pesos que se destinarán a este simulacro de elección, una suma que, lejos de fortalecer la justicia, terminará siendo un despilfarro que solo beneficia a unos pocos.

Durango no merece un sistema judicial al servicio de intereses particulares, la justicia debe ser imparcial, transparente y accesible para todos.

Urge una verdadera reforma que priorice el bienestar ciudadano por encima de los intereses de unos cuantos.