Ahora sí a pagar $48 mil millones

En una de sus resoluciones más contundentes desde su renovación en septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró la puerta a uno de los litigios fiscales más prolongados y costosos del país. Por unanimidad, los nueve ministros desecharon siete amparos promovidos por el magnate Ricardo Salinas Pliego, dejando firme la obligación de pagar más de 48 mil millones de pesos en créditos fiscales acumulados durante más de una década.

La decisión, que marca un precedente en la lucha contra la evasión fiscal, obliga a Elektra a cubrir 43 mil 263 millones, y a TV Azteca otros 5 mil 63 millones de pesos, por adeudos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013. No son nuevos, no son recientes y, como recordó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, “ni siquiera son de cuando inicia la Cuarta Transformación”.

 
Sheinbaum: no hubo consigna, hubo justicia
Frente a la estrategia discursiva de Salinas Pliego —quien acusó autoritarismo, persecución política y “consigna” en la resolución—, la mandataria fue clara:
“La Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. No hay consigna: hay legalidad”.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum recordó que estos juicios no comenzaron con este gobierno, ni con el anterior, sino que llevan más de 15 años avanzando por diversas instancias.
“Todos estos tribunales dijeron: ‘no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal’”, subrayó.

La Presidenta explicó que la nueva SCJN no ordenó pagar —eso ya lo había determinado el SAT y otros tribunales—, sino que desechó los recursos con los que el empresario evitó durante década y media cumplir con el fisco.
Al revocar los acuerdos que mantenían congelados los casos, la Corte consideró que los recursos “no debieron admitirse” porque los temas ya habían sido resueltos en criterios obligatorios previos y no representaban cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional.

Esto, dijo Sheinbaum, reafirma que la SCJN actúa “con legalidad, certeza jurídica y correcta aplicación de las normas”.

 
Quince años de maniobras y una realidad inevitable
El argumento de “persecución política” cae por su propio peso.
Los litigios contra Grupo Salinas iniciaron antes de que López Obrador llegara a la presidencia, y durante años la llamada “vieja Corte” ni siquiera quiso discutir cinco de ellos. Se limitaron a congelarlos sin resolver.

Hoy, con una Corte renovada y funcional, los pendientes simplemente siguieron su curso.

Sheinbaum fue contundente:
“Mientras más se tardó en pagar, más multas tuvo”.
Es decir: el monto creció por recargos, actualizaciones y sanciones que se fueron acumulando mientras el empresario usaba los tribunales para evadir el cumplimiento de la ley.

 
Lo que representa esta cifra
El adeudo de Salinas Pliego —calificado por la mandataria como ejemplo claro de una estrategia de evasión— equivale a:

·         Más de 10 veces el presupuesto de los caminos artesanales, clave para comunidades rurales.

·         Más de todo el presupuesto de los programas sociales de Michoacán.

Es decir, dinero público que pudo destinarse a desarrollo, infraestructura, educación y bienestar, pero que durante años quedó retenido por una élite acostumbrada a no pagar lo que debe.

 
El mensaje es claro: en México ya no hay intocables
La resolución de la Suprema Corte no solo derriba los argumentos de un empresario acostumbrado a operar por encima de la ley: marca un antes y un después en la relación entre poder económico y justicia fiscal.

En la narrativa de Salinas Pliego, esto es un ataque.
En los hechos, es un acto de justicia largamente pospuesto.

La Presidenta lo expresó con claridad y sin estridencias:
“La Corte tomó una decisión apegada a derecho. No hay consigna. No hay autoritarismo. Hay legalidad”.

Hoy, tras 15 años de litigios, queda una sola certeza:
al usurero no le queda más que pagar.