Recula gobernador de Durango

En medio de la controversia pública y el rechazo ciudadano, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, terminó por recular en su intención de trasladar el emblemático monumento al general Francisco Villa fuera de la capital del estado hacia el municipio de San Juan del Río, su tierra natal.

La polémica estalló luego de que el escultor encargado de la restauración de la efigie —contratado por el propio gobierno estatal— revelara públicamente que la pieza sería trasladada al municipio de San Juan del Río. La información se viralizó en redes sociales, generando una ola de indignación por lo que fue percibido como un acto unilateral y caprichoso del “patrón” mandatario.

No fue sino hasta tres días después, y ante la presión mediática y política, que el gobernador prianista que se autodefinió primero como “claudista”, luego como “priista” y ahora como “villista”, salió a desmentir lo que calificó como “chismes”, arremetiendo contra medios de comunicación y actores políticos, en particular contra la senadora Margarita Valdez, quien se opuso abiertamente al traslado.

En su intento por desacreditar la crítica, Villegas lanzó señalamientos que poco abonan al debate público, señalo que “hay políticos que se quieren montar en todo, pero que mueven ballenas y se les cae el metro”, en clara alusión a una antigua pifia de la senadora, intentando desviar la atención hacia comentarios irónicos sobre errores ajenos.

Sin embargo, en la misma declaración, el propio mandatario incurrió en contradicción al reconocer que no sería mala idea el traslado del monumento a su tierra natal, afirmando incluso que “le estaban dando la idea”, lo que refuerza la percepción de improvisación y falta de claridad en la toma de decisiones.

El monumento forma parte del patrimonio artístico y cultural del municipio de Durango, por lo que su reubicación no es una facultad discrecional del ejecutivo estatal. De acuerdo con la legislación mexicana, bienes de esta naturaleza están protegidos por normas como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que establece que cualquier intervención, traslado o modificación de monumentos artísticos requiere autorización de instancias federales como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, además de la participación de autoridades municipales, al tratarse de bienes con valor histórico y simbólico para la comunidad.

Es decir, el gobernador “patrón” no solo pretendía ejecutar una decisión cuestionable en lo político, sino también jurídicamente inviable sin cumplir con un proceso legal riguroso.

A pesar del retroceso, Esteban Villegas Villarreal anunció que se construirá una nueva estatua monumental de Francisco Villa de 25 metros de altura frente a la central camionera, con un costo estimado de 35 millones de pesos. La decisión ha sido igualmente criticada, considerando el contexto de necesidades urgentes en la entidad, como el desabasto de medicamentos en hospitales públicos de salud del estado y los adeudos añejos a proveedores.

Lo ocurrido no es un simple “malentendido” ni un “chisme”, como pretende minimizar el “patrón”, es la evidencia de un ejercicio de poder errático, marcado por la improvisación, el uso discrecional de los recursos públicos y una preocupante desconexión con las prioridades reales de la ciudadanía.

Mientras Durango enfrenta carencias básicas en salud y finanzas públicas debilitadas, su mandatario se enreda en ocurrencias monumentales, caprichos personales y declaraciones contradictorias. Más que un desliz político, el episodio exhibe una forma de gobernar donde la imagen y el ego pesan más que la legalidad, la responsabilidad y el bienestar colectivo.