En México, la democracia local no solo se vota: también se paga… y caro.

Sostener a los diputados locales en los 32 estados del país representa un gasto multimillonario que, lejos de ser uniforme o justificable, evidencia una realidad incómoda: el sistema legislativo estatal es profundamente desigual, opaco y, en muchos casos, excesivo.

Mientras el promedio nacional ronda los 13.4 millones de pesos al año por diputado, hay entidades donde el costo se dispara sin explicación proporcional a su población, desarrollo o resultados legislativos.

📊 Un país, 32 congresos… y 32 realidades

Los datos son contundentes:

• En estados como Baja California, Morelos o Michoacán, cada diputado puede costar más de 30 millones de pesos al año
• En la Ciudad de México o Jalisco, el costo supera fácilmente los 25 millones
• En contraste, entidades como Colima o Yucatán operan con menos de 6 millones por legislador

Y en medio de esa disparidad aparece Durango, con un costo aproximado de 21.1 millones de pesos por diputado al año, colocándose claramente por encima del promedio nacional.

La pregunta es inevitable:
¿qué justifica que un diputado en un estado cueste hasta seis veces más que en otro?

🧾 El gasto invisible

El salario es apenas la punta del iceberg.

La mayor parte del dinero público destinado a los congresos locales se diluye en:

• estructuras administrativas infladas
• asesores y “equipos de apoyo”
• partidas de gestión social sin transparencia
• gastos operativos poco auditables

Es decir, el costo real no está en la nómina visible, sino en el aparato que rodea al legislador.

⚖️ La desigualdad que nadie quiere tocar

No existe un estándar nacional que regule cuánto debería costar un congreso local.

Cada estado define su presupuesto con amplios márgenes de discrecionalidad, lo que ha derivado en un sistema donde:

• no hay criterios homogéneos
• no hay relación clara entre gasto y productividad legislativa
• no hay incentivos reales para la austeridad

El resultado es un mosaico de excesos donde algunos congresos operan como estructuras eficientes… y otros como verdaderas burocracias de lujo.

🏛️ El fondo político: lo que se resisten a perder

Este modelo no es accidental.

Durante años, los partidos tradicionales —PRI, PAN y ahora también MC— han construido y defendido estos espacios como centros de poder, negociación y control territorial.

Ahí se reparten posiciones, contratos, influencias y recursos.

Reducir el costo de los congresos no es solo una medida administrativa:
implica desmontar una red de privilegios políticos profundamente arraigada.

Por eso, cada intento de ajuste, recorte o reforma enfrenta resistencia.

🔎 Más que números: un modelo agotado

El debate no es únicamente cuánto cuesta un diputado, sino qué está entregando a cambio ese gasto público.

Porque si el costo crece, pero:

• la calidad legislativa no mejora
• la rendición de cuentas es limitada
• la ciudadanía no percibe beneficios

entonces no se trata de inversión democrática…
sino de un sistema sobredimensionado.

📢 Conclusión

México no tiene un problema de falta de recursos, sino de cómo se asignan y quién se beneficia de ellos.

Hoy, millones de pesos al año sostienen congresos locales cuya eficiencia y utilidad están, en muchos casos, en entredicho.

Y mientras no exista presión real para transparentar, homologar y reducir estos costos, la pregunta seguirá vigente:

¿a quién sirve realmente este gasto?