Para 'narcogobiernos' ¡Los del PRIAN!

Mientras la oposición y buena parte de la comentocracia insisten en repetir el término “narcogobierno” para atacar a la Cuarta Transformación, los antecedentes históricos muestran que los casos más escandalosos de vínculos entre el poder político y el narcotráfico ocurrieron precisamente durante los gobiernos del PRI y el PAN.

La lista de exgobernadores, funcionarios de seguridad, fiscales y operadores políticos del PRIAN acusados, detenidos o procesados por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada es extensa. Muchos de ellos ocuparon cargos estratégicos desde donde operaron redes de protección criminal o fueron señalados directamente por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno panista de Felipe Calderón. El exfuncionario fue procesado en Estados Unidos por narcotráfico, luego de ser señalado de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras encabezaba la supuesta guerra contra el crimen organizado.

A la par aparecen varios exgobernadores priistas involucrados en investigaciones criminales. Tomás Yarrington fue deportado desde Estados Unidos y actualmente enfrenta procesos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Otro caso es el de Mario Villanueva Madrid, condenado por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

En Nayarit operó uno de los esquemas más escandalosos de presunta infiltración criminal en un gobierno estatal priista. Roberto Sandoval Castañeda fue detenido por autoridades federales, mientras que Edgar Veytia Cambero, conocido como “La Bestia”, fue condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas. Las autoridades norteamericanas lo señalaron como operador criminal desde el propio aparato de seguridad estatal.

También figura José Jesús Reyna García, acusado de proteger al cártel de Los Caballeros Templarios, así como Eugenio Javier Hernández Flores, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción.

La red vinculada a García Luna incluye además a exmandos panistas como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, ambos acusados por autoridades estadounidenses de colaborar con el narcotráfico.

Incluso actores políticos de menor rango han aparecido involucrados en casos criminales. Denisse Ahumada Martínez fue sentenciada en Estados Unidos tras declararse culpable de posesión de cocaína con fines de distribución.

Los antecedentes alcanzan décadas atrás. Flavio Romero fue detenido en 1998 acusado de complicidad con el narcotráfico, en uno de los primeros grandes escándalos que exhibieron la penetración del crimen organizado en estructuras políticas del viejo régimen.

Frente a este historial, la narrativa impulsada por sectores opositores que buscan etiquetar a la 4T como un “narcogobierno” enfrenta un problema de credibilidad histórica: los principales expedientes judiciales, investigaciones internacionales y detenciones de alto perfil relacionados con el narcotráfico apuntan hacia personajes surgidos de los gobiernos del PRI y del PAN.

Durante décadas, esos gobiernos encabezaron la estrategia de seguridad que derivó en el crecimiento de los cárteles, el fortalecimiento de redes de corrupción y la crisis de violencia que todavía enfrenta el país. Los casos documentados de funcionarios coludidos con grupos criminales no sólo fueron aislados, sino que alcanzaron niveles de secretarios de Estado, gobernadores y fiscales.

Por ello, cada vez que la oposición intenta posicionar el discurso de un supuesto “narcogobierno” ligado a la Cuarta Transformación, resurgen los nombres, expedientes y sentencias que exhiben el oscuro historial del PRIAN y su relación con estructuras del crimen organizado.