Durango: las cifras que desnudan la mentira del gobierno de Esteban Villegas

Durante meses, el discurso oficial del gobierno prianista de Esteban Villegas Villarreal insistió en que Durango era un estado donde prevalecía la tranquilidad y donde la delincuencia organizada no representaba un problema de grandes dimensiones. Sin embargo, la realidad comenzó a derrumbar esa narrativa desde el momento en que el Gobierno de México desplegó un amplio operativo de fuerzas federales para recuperar el control de la seguridad en la entidad.

Los resultados hablan por sí solos.

De acuerdo con el informe presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, únicamente durante el mes de junio las fuerzas federales lograron la detención de 48 personas, además del aseguramiento de 121 armas de fuego, 44 granadas, más de 35 mil cartuchos útiles, 147 vehículos y 12 millones de pesos en efectivo presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Las cifras no corresponden a una operación menor. Representan el tamaño de una estructura criminal que, durante años, operó con una capacidad logística considerable en territorio duranguense.

La realidad terminó por imponerse

Cada arma asegurada, cada vehículo decomisado y cada integrante de grupos criminales detenido representan evidencia material de un fenómeno que difícilmente podía pasar inadvertido para las autoridades responsables de la seguridad pública.

La magnitud de los aseguramientos ha reavivado las críticas hacia la administración estatal encabezada por Esteban Villegas Villarreal, a quien diversos sectores señalan por haber sostenido un discurso que minimizaba la presencia y operación de la delincuencia organizada mientras, según estas críticas, los grupos criminales mantenían presencia en distintas regiones del estado.

Durante años, comerciantes, transportistas y habitantes de diversas comunidades denunciaron públicamente problemas relacionados con la inseguridad. Sin embargo, desde el gobierno estatal se insistía en que Durango permanecía al margen de la crisis que afectaba a otras entidades.

Los resultados obtenidos por las fuerzas federales han alimentado el debate sobre si esa aparente tranquilidad respondía a una evaluación equivocada de la situación o a una estrategia política basada en negar una realidad que finalmente quedó expuesta.

Una estrategia federal que comienza a rendir frutos

Desde el reforzamiento de la presencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones federales de seguridad, los operativos se han intensificado en distintos municipios del estado.

Los aseguramientos realizados durante junio reflejan una estrategia enfocada en debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos mediante la captura de presuntos integrantes, el decomiso de armamento de alto poder, explosivos, vehículos y recursos económicos.

Para las autoridades federales, estos resultados forman parte de la estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno de México para recuperar territorios donde las organizaciones criminales habían fortalecido su presencia.

Las preguntas que siguen sin respuesta

Las cifras también dejan abiertas interrogantes que difícilmente pueden ignorarse.

¿Cómo pudieron acumularse más de un centenar de armas de fuego, decenas de granadas, miles de cartuchos, cientos de vehículos y millones de pesos presuntamente ligados a actividades criminales sin que las autoridades estatales detectaran la dimensión del problema?

Si estos aseguramientos fueron posibles en apenas un mes de operativos federales, surge inevitablemente la pregunta sobre cuánto tiempo llevaban operando estas estructuras y por qué no habían sido desarticuladas anteriormente.

Mientras las fuerzas federales continúan ampliando sus acciones en Durango, los resultados siguen contrastando con el discurso que durante años sostuvo el gobierno estatal. Hoy, las cifras oficiales presentadas por Omar García Harfuch colocan nuevamente la seguridad de Durango en el centro del debate público y alimentan el cuestionamiento sobre la actuación de las autoridades locales frente al avance de la delincuencia organizada.