Adela Micha se beneficia de programas sociales que critica

Hay ironías que parecen escritas por el mejor guionista de comedia política. Durante años, Adela Micha se ha convertido en una de las odiadoras de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde sus micrófonos y plataformas digitales no han faltado cuestionamientos contra los programas sociales impulsados por los gobiernos de Morena.

Pero resulta que, cuando llega el momento de hacer crecer su propio negocio, esos programas ya no parecen tan malos.

La cuenta oficial de La Saga, el medio digital propiedad de Adela Micha, publicó una convocatoria para incorporar personal en áreas como reporteros, editores de video, marketing digital, asistentes de producción y administración. Hasta aquí, nada fuera de lo común.

Lo interesante viene después.

La convocatoria no ofrece contratar directamente a esos jóvenes con recursos de la empresa. Por el contrario, invita a registrarse mediante el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, proporcionando incluso el folio 2588791 para localizar la vacante dentro de la plataforma oficial.

Es decir, mientras La Saga obtiene aprendices para fortalecer su operación, el apoyo económico de esos jóvenes proviene del Gobierno de México, es decir, de recursos públicos financiados por los contribuyentes, conforme a las reglas del programa.

Y entonces surge la pregunta inevitable.

¿No eran esos programas un desperdicio de dinero?

¿No eran "clientelares", "populistas" o una carga para el erario, como durante años sostuvieron muchos de sus detractores?

Parece que la respuesta depende de quién sea el beneficiario.

Porque cuando el apoyo llega a millones de jóvenes, adultos mayores o personas con discapacidad, algunos opinadores levantan la ceja y hablan de asistencialismo. Pero cuando ese mismo programa puede convertirse en una fuente de talento para una empresa privada, las objeciones parecen desaparecer como por arte de magia.

Vaya coincidencia.

Nadie cuestiona la legalidad de participar en Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa precisamente permite que empresas y organizaciones registradas capaciten a jóvenes mientras estos reciben un apoyo económico del Gobierno Federal.

Lo que sí está en discusión es otra cosa: la coherencia.

Porque una cosa es ejercer el derecho a participar en un programa público y otra muy distinta construir durante años un discurso de desprecio hacia esas políticas para después aprovechar sus beneficios cuando conviene al propio negocio.

La incongruencia no es jurídica.

Es moral.

Durante décadas hubo comunicadores que vivieron cómodamente del presupuesto público mediante publicidad oficial, convenios y privilegios que hoy tanto se niegan a recordar. Ahora que ese modelo cambió, algunos de los más férreos críticos de los programas sociales descubren que esos mismos programas también pueden ser útiles... siempre y cuando el beneficio llegue a sus propias empresas.

Tal vez esa sea la mejor definición de cierta oposición contemporánea: condenar el dinero público cuando llega al pueblo, pero encontrarle todas las virtudes cuando puede impulsar sus propios proyectos.

Porque al final, parece que el problema nunca fueron los programas sociales.

El problema era quién los recibía.

Y hoy queda una imagen difícil de ignorar: quienes durante años descalificaron estas políticas públicas ahora tocan la puerta de uno de esos mismos programas para fortalecer su plantilla de trabajo.

La moraleja es sencilla.

Hay quienes critican los programas sociales hasta que descubren que también pueden sacar provecho de ellos