El viejo régimen se atrinchera

Bajo la etiqueta de “voces plurales”, un grupo de dirigentes y figuras de la oposición acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la libertad de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien permanece en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

Entre quienes acudieron o han encabezado públicamente la defensa de Ruffo se encuentran el expresidente Vicente Fox, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero; el senador panista Ricardo Anaya; Emilio Álvarez Icaza; Fernando Belaunzarán y Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos Mx.

El discurso utilizado por este bloque opositor es que Ruffo es un “preso político” y que su detención constituye una persecución contra un personaje emblemático de la oposición. Jorge Romero, incluso, lo calificó públicamente de esa manera después de que el exgobernador fuera vinculado a proceso.

Pero la pregunta inevitable es: ¿qué tiene de plural este grupo?

Más que una expresión de pluralidad, la fotografía de quienes salieron en defensa de Ruffo parece mostrar a una parte de la vieja clase política cerrando filas alrededor de uno de los suyos.

¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?

La FGR sostiene que Ruffo Appel habría formado parte de una organización dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, mediante un esquema conocido como “huachicol fiscal”.

De acuerdo con la investigación, la red introducía combustible al país mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas para evadir impuestos y posteriormente distribuirlo y comercializarlo. La Fiscalía ha señalado que la operación habría ocasionado un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.

Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 y posteriormente, el 23 de julio, una jueza federal lo vinculó a proceso junto con otras siete personas por huachicol ferroviario y delincuencia organizada.

La FGR también sostiene que Ruffo, como accionista mayoritario de Ingemar, habría participado en el aprovechamiento de recursos provenientes de la actividad ilícita y que habría recibido transferencias por 18 millones de pesos relacionadas con el esquema investigado. Estas acusaciones, por supuesto, deberán ser acreditadas judicialmente y Ruffo mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras el proceso continúa.

La propia Fiscalía ha rechazado que exista una persecución política y ha asegurado que la investigación está sustentada en dictámenes periciales, información financiera, fiscal, aduanera y ferroviaria, además de otras diligencias ministeriales.

¿Preso político o imputado en una causa penal?

Aquí aparece una de las mayores incongruencias del discurso opositor.

Calificar automáticamente a Ruffo como “preso político” implica presentar su encarcelamiento como consecuencia de sus ideas, militancia o actividad política. Sin embargo, la acusación formal que enfrenta no es por sus opiniones ni por pertenecer a un partido político, sino por presuntos delitos graves relacionados con el contrabando de combustibles y delincuencia organizada.

Eso no significa que Ruffo sea culpable. Esa determinación corresponde exclusivamente a los tribunales.

Pero tampoco significa que cualquier político opositor acusado de un delito deba convertirse automáticamente en “preso político”.

La FGR ha sido explícita: sostiene que Ruffo no está siendo investigado por sus ideales o vínculos políticos, sino por su probable participación en una estructura dedicada al contrabando de combustible.

Por eso, la defensa política de Ruffo puede cuestionar la investigación, exigir debido proceso y reclamar que se respeten sus derechos. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es que una investigación por delincuencia organizada y huachicol fiscal sea, por definición, una persecución política.

Las mismas caras defendiendo los mismos intereses

La llamada “pluralidad” tampoco parece tan plural cuando se observa quiénes integran este bloque.

Vicente Fox, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Emilio Álvarez Icaza, Fernando Belaunzarán y Guadalupe Acosta Naranjo forman parte de distintas expresiones de la oposición política mexicana, pero convergen en una misma defensa: cuestionar la actuación de las instituciones de justicia cuando uno de sus referentes enfrenta una investigación penal.

No es pluralidad política en el sentido amplio del término. Es un sector de la oposición cerrando filas.

Y detrás de ese cierre de filas aparece una disputa mucho más profunda: la defensa de un modelo político que durante décadas permitió que grupos empresariales y políticos acumularan poder, influencia y privilegios.

El caso Ruffo ha terminado convirtiéndose así en un nuevo campo de batalla entre la transformación política del país y quienes buscan preservar las estructuras del pasado.

El viejo régimen vuelve a levantar la voz

El argumento de que Ruffo es un “preso político” también puede leerse como un intento de convertir un proceso judicial en una causa política.

El mensaje parece ser: si el acusado pertenece a la oposición, cualquier investigación en su contra es persecución; si se trata de un personaje identificado con el antiguo régimen, debe presumirse una conspiración.

Pero la justicia no debería funcionar de esa manera.

Ni Ruffo debe ser condenado anticipadamente por sus adversarios, ni debe ser declarado inocente por sus aliados.

Lo que corresponde es que la Fiscalía presente las pruebas y que los jueces determinen si existe responsabilidad penal.

La diferencia es fundamental: una cosa es exigir debido proceso y otra muy distinta utilizar la bandera de “preso político” para intentar deslegitimar una investigación por delitos de enorme gravedad.

Mientras tanto, las “voces plurales” que se concentraron para defender a Ruffo dejan una imagen difícil de ignorar: más que una representación diversa de la sociedad mexicana, parecen ser las mismas voces del viejo régimen de corrupción y privilegios que, una vez más, se reúnen para defender a uno de los suyos.

Y esa es quizá la verdadera pregunta que queda sobre la mesa:

¿Defienden la justicia y el debido proceso para todos, o solamente cuando uno de los integrantes de su viejo círculo de poder está sentado en el banquillo de los acusados?