Si hubo un gobierno n4rco fue el de Calderón: Sheinbaum

Hay declaraciones que retratan a un político y otras que exhiben, de cuerpo entero, la memoria selectiva de todo un partido. Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, decidió sentenciar que los gobiernos vinculados con el narcotráfico cometen traición a la patria. Una frase contundente, sí, pero que tiene un pequeño inconveniente: cuando se pronuncia desde las filas del panismo, el pasado toca la puerta y tiene nombre y apellido: Genaro García Luna.

La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar la contradicción. Durante sus declaraciones, puso sobre la mesa la pregunta que el dirigente panista aparentemente prefirió no hacerse antes de lanzar su acusación: ¿Y García Luna? ¿Y los gobiernos del PAN?

Porque una cosa es exigir que las autoridades no tengan vínculos con la delincuencia organizada —algo que debería ser una obligación elemental para cualquier gobierno— y otra muy distinta es pretender convertirse en juez de la moral pública cuando la historia del partido propio contiene uno de los episodios más escandalosos de la política mexicana contemporánea.

Sheinbaum fue directa al señalar el absurdo de que el presidente nacional panista hable de traición a la patria sin recordar el periodo de 2006 a 2012, cuando Felipe Calderón encabezó el gobierno federal y Genaro García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

García Luna: el nombre que el PAN quisiera borrar de la conversación

El problema para Jorge Romero es que García Luna no es un simple personaje incómodo de la historia política nacional. Fue el responsable de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón y terminó condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

En febrero de 2025, un juez federal estadounidense lo sentenció a 38 años de prisión por su participación en una trama de narcotráfico y corrupción vinculada con el Cártel de Sinaloa.

El dato es demoledor por sí mismo: el funcionario que debía combatir a los cárteles terminó condenado por colaborar con ellos.

Y ese es precisamente el episodio que vuelve tan contradictorio el discurso de Romero. Si vincularse con el narcotráfico constituye una traición a la patria, como él sostiene, ¿con qué autoridad política pretende lanzar esa acusación sin reconocer la responsabilidad histórica de su partido por haber colocado a García Luna en una de las posiciones más sensibles del gobierno federal?

El PAN quiere hablar de traición a la patria, pero parece olvidar que durante uno de sus gobiernos el encargado de la seguridad terminó en una prisión estadounidense.

La ironía es difícil de ignorar. Quienes hoy levantan el dedo acusador parecen confiar en que la ciudadanía olvidará los nombres, las fechas y las responsabilidades políticas con tal de que el escándalo de turno les permita golpear al adversario.

Pero la memoria pública no funciona a conveniencia de los partidos.

Jorge Romero y el arte de acusar sin mirar el retrovisor

La declaración del dirigente panista también exhibe una vieja estrategia de la oposición: convertir cualquier acusación contra el gobierno actual en una sentencia definitiva, mientras los antecedentes propios se archivan en el cajón de los asuntos incómodos.

Romero puede exigir explicaciones, cuestionar políticas de seguridad y demandar que se investigue cualquier indicio de corrupción. Eso forma parte de la vida democrática. Lo que no puede hacer es pretender que la historia comienza el día en que su partido encuentra una frase políticamente rentable.

Porque si el principio es que ningún gobierno debe tener vínculos con el crimen organizado, ese principio debe aplicarse a todos, sin excepciones partidistas. No solamente a los adversarios, no únicamente a quienes ocupan hoy el poder y tampoco dependiendo de quién pronuncie la acusación frente a los micrófonos.

La exigencia de rendición de cuentas pierde credibilidad cuando se transforma en una herramienta de propaganda y se evita responder por los escándalos propios.

Y aquí hay una diferencia fundamental: señalar la contradicción de Romero no significa afirmar que cualquier acusación contra otro gobierno sea falsa por definición. Significa exigir la misma vara para todos, empezando por quienes pretenden presentarse como guardianes de la legalidad.

«El pueblo que no tiene memoria no tiene brújula»

Sheinbaum resumió su argumento con una reflexión que va más allá de la confrontación entre Morena y el PAN: un pueblo sin memoria pierde la capacidad de orientarse y corre el riesgo de repetir los errores del pasado.

Recordar el sexenio de Calderón no es un ejercicio de nostalgia política ni una excusa para evadir los problemas actuales. Es una obligación democrática cuando se discute quiénes estuvieron al frente de las instituciones de seguridad, qué ocurrió durante sus gobiernos y qué responsabilidades deben exigirse.

La historia de García Luna demuestra por qué resulta indispensable examinar los antecedentes de quienes ejercieron el poder. También recuerda que el combate al narcotráfico no puede medirse únicamente por discursos, operativos o declaraciones solemnes, sino por la integridad de las autoridades encargadas de ejecutarlo.

La posición de Sheinbaum es clara: ninguna autoridad debe vincularse con el narcotráfico ni con la delincuencia organizada. Y precisamente por eso, las acusaciones deben investigarse con seriedad, no utilizarse como munición partidista mientras se intenta borrar el pasado propio.

La memoria no es opcional, aunque al PAN le incomode

Jorge Romero quiso colocar sobre la mesa una acusación de máxima gravedad. Sin embargo, al hacerlo abrió una puerta que conduce directamente a uno de los capítulos más vergonzosos para el panismo: el caso de un secretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón.

No se trata de que el PAN tenga prohibido hablar de seguridad. Se trata de que no puede exigir que los demás respondan por sus actos mientras pretende que su propia historia quede fuera del debate.

Si la vinculación con el narcotráfico es traición a la patria, entonces debe condenarse venga de donde venga, investigarse sin protección política y recordarse sin amnesia selectiva.

Porque la autoridad moral no se obtiene pronunciando las palabras más duras frente a una cámara. Se demuestra aceptando los hechos, reconociendo los antecedentes y exigiendo responsabilidades incluso cuando los involucrados pertenecen al propio partido.

Y ahí está la gran contradicción de Jorge Romero: quiere hablar de traición a la patria sin explicar por qué el PAN parece olvidar a García Luna cada vez que pretende dar lecciones de honestidad.

La memoria histórica no absuelve automáticamente a nadie, pero sí impide que los partidos reescriban su pasado a conveniencia.

Y si algo dejó claro este episodio es que, antes de señalar a los demás, conviene mirar el retrovisor. Porque en política, como en la vida, hay acusaciones que regresan convertidas en espejo.