El saqueo neoliberal no se olvida

Sheinbaum revive los escándalos de corrupción que marcaron la era neoliberal y lanza un dardo contra Guillermo Ortiz, hoy crítico del humanismo mexicano: miles de millones de pesos comprometidos en operaciones cuestionadas mientras la factura terminó en manos del pueblo.

Hay una historia que algunos quisieran ver enterrada bajo toneladas de discursos económicos, artículos de opinión y supuestas lecciones de responsabilidad fiscal: la historia de cómo, durante el periodo neoliberal, decisiones tomadas desde las más altas esferas del poder terminaron beneficiando a unos cuantos mientras México cargaba con las consecuencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum puso nuevamente el dedo en la llaga durante la mañanera de este martes. Su mensaje fue contundente: hay que recordar las privatizaciones, el Fobaproa, la Estafa Maestra y los enormes recursos públicos comprometidos en operaciones que dejaron profundas heridas en las finanzas nacionales.

Porque cuando se habla del neoliberalismo mexicano, no basta con recordar las promesas de modernización, competitividad y crecimiento. También hay que hablar de quiénes se beneficiaron, quiénes tomaron las decisiones y quiénes terminaron pagando la cuenta.

FOBAPROA: las pérdidas privadas que acabó pagando México

Uno de los episodios más emblemáticos fue el Fobaproa, el mecanismo utilizado durante la crisis bancaria de los años noventa para enfrentar los problemas financieros de los bancos. Su transformación en deuda pública convirtió obligaciones vinculadas al rescate bancario en una carga de largo plazo para el Estado mexicano.

La pregunta sigue siendo incómoda: ¿por qué los costos de una crisis financiera terminaron trasladándose a las finanzas públicas, comprometiendo recursos que también debían atender las necesidades de millones de mexicanos?

Mientras se defendía el modelo económico como la ruta inevitable hacia el progreso, el país asumía compromisos multimillonarios. La promesa era estabilidad; la herencia, una deuda que seguiría pesando durante generaciones.

LA ESTAFA MAESTRA: millones desaparecidos en el laberinto de los contratos

Años después, la llamada Estafa Maestra exhibió otra cara de la corrupción: una red de contratos y convenios entre dependencias federales, universidades públicas y empresas, algunas de ellas fantasma, que permitió desviar recursos públicos, según las investigaciones periodísticas y las auditorías realizadas al caso.

No era simplemente un problema de trámites mal hechos. Era una señal alarmante de cómo las instituciones podían convertirse en engranajes de esquemas opacos, mientras el dinero destinado a fines públicos terminaba fuera de su propósito original.

Y cada peso comprometido en una operación irregular representa una oportunidad perdida: hospitales mejor equipados, escuelas dignas, infraestructura y programas que pudieron beneficiar a la población.

El dinero público no es botín de funcionarios ni caja chica de intereses privados. Es dinero de los mexicanos.

Guillermo Ortiz y los recursos públicos: el pasado que vuelve a incomodar

Sheinbaum también mencionó a Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, al cuestionar las autorizaciones de recursos que, según su señalamiento, llegaron a aprobarse por cantidades superiores a las valuaciones originales.

La presidenta criticó que Ortiz participe actualmente en el debate público con artículos contra el humanismo mexicano, mientras llamó a recordar las decisiones económicas y los episodios de corrupción asociados con aquella época.

El señalamiento abre una discusión de fondo: quienes defienden hoy determinadas recetas económicas también deben estar dispuestos a responder por los resultados y las decisiones de los periodos en los que ocuparon posiciones de poder.

Las autorizaciones cuestionadas y sus montos deben examinarse con documentos y responsabilidades concretas. Pero una cosa es clara: ningún exfuncionario debería quedar exento del escrutinio público por el simple hecho de haber ocupado un cargo de alto nivel.

PRIVATIZAR, RESCATAR Y SOCIALIZAR LAS PÉRDIDAS

El neoliberalismo mexicano se presentó durante décadas como un proyecto de modernización. Sin embargo, las privatizaciones controvertidas, el rescate bancario y los escándalos por el manejo de recursos públicos alimentaron una percepción de injusticia: cuando había ganancias, los beneficios podían concentrarse; cuando llegaban las crisis, el costo recaía sobre la sociedad.

Ese es el debate que sigue pendiente.

¿Quiénes se beneficiaron de las decisiones económicas? ¿Quiénes autorizaron los recursos? ¿Qué controles fallaron? ¿Quién respondió por los daños? Y, sobre todo, ¿por qué el discurso de la austeridad aparecía con tanta frecuencia cuando se trataba de atender las necesidades populares, pero no siempre con la misma fuerza cuando estaban en juego intereses económicos poderosos?

No se trata de afirmar que toda privatización fue ilegal ni de atribuir automáticamente responsabilidad penal a cada funcionario de aquella época. Se trata de exigir que los hechos, las cifras y las decisiones se examinen sin privilegios ni amnesia política.

EL PAÍS NO PUEDE VOLVER A LA AMNESIA

El mensaje de Sheinbaum apunta a una disputa que va más allá de un nombre o un sexenio: la disputa por la memoria económica de México.

Hay quienes presentan el periodo neoliberal como una época de eficiencia y disciplina financiera. Pero esa narrativa queda incompleta si excluye el Fobaproa, la Estafa Maestra, las privatizaciones cuestionadas y los casos en que el dinero público terminó bajo sospecha.

No puede hablarse de modernización mientras se silencian los costos sociales; tampoco puede presumirse responsabilidad fiscal sin explicar quién pagó los rescates y quién obtuvo los beneficios.

Recordar no es vivir anclados en el pasado. Es impedir que los mismos abusos vuelvan a presentarse con otro nombre, otro discurso y los mismos beneficiarios.

Porque México no necesita regresar a un modelo en el que unos cuantos decidan y millones paguen. Necesita instituciones transparentes, cuentas claras y responsabilidades efectivas.

Y a quienes hoy pretenden dar cátedra sobre el rumbo económico del país, la pregunta sigue vigente: ¿también están dispuestos a rendir cuentas por el modelo que defendieron y las decisiones que tomaron?

La memoria histórica no sustituye las pruebas ni las investigaciones. Pero sí impide que el poder reescriba el pasado a su conveniencia.

El dinero público tiene dueño: el pueblo de México. Y ningún discurso económico debería servir para olvidar quién lo administró, cómo lo hizo y a quién terminó beneficiando.