Esteban Villegas inventa 'predialazo'´de Morena

El gobernador de Durango agita el fantasma de un supuesto “predialazo” que atribuye a la Ley de Armonización Catastral, aunque esta norma no establece aumentos al impuesto. La ironía es que los gobiernos del PRIAN ya son señalados por los incrementos al predial de hasta un 800% aplicados en la capital duranguense.

Hay políticos que cambian de discurso según quién los esté escuchando. De frente, sonríen, ofrecen lealtad y hasta se declaran “claudistas”; a espaldas de la presidenta Claudia Sheinbaum, atacan al movimiento de la Cuarta Transformación y alimentan campañas de desinformación. En Durango, Esteban Villegas parece protagonizar esa contradicción.

El gobernador del PRIAN, ahora recorre sus mítines difundiendo la mentira de que la Ley de Armonización Catastral y Registral provocará un aumento desproporcionado del impuesto predial. Para dramatizarlo, advierte que una persona que hoy paga 500 o mil pesos podría terminar pagando tres mil o cuatro mil pesos.

El problema es que está mezclando dos asuntos distintos.

La Ley de Armonización Catastral y Registral busca establecer mecanismos de identificación y homologación de la información sobre propiedades y registros públicos. En términos sencillos, contempla una clave catastral única en formato digital, comparable con una identificación para los inmuebles.

Eso no significa, por sí mismo, que aumenten los valores catastrales ni las tarifas del predial. Tampoco implica que automáticamente se multiplique el recibo de las familias. Para sostener que habrá un incremento de esa magnitud, el gobernador tendría que presentar las disposiciones concretas que lo establezcan.

Entonces, ¿por qué sembrar miedo entre los duranguenses atribuyendo a esta ley un aumento que no establece por sí misma?

La pregunta es inevitable cuando se observa el historial de los gobiernos que hoy pretenden presentarse como defensores del bolsillo ciudadano.

EL VERDADERO PREDIALAZO YA LO RESINTIERON LAS FAMILIAS

Mientras Esteban Villegas advierte sobre un supuesto aumento futuro, en Durango capital, gobernada por el también panista José Antonio Ochoa Rodríguez, los duranguenses han cuestionado los incrementos en el cobro del predial que alcanzaron hasta un 800 por ciento.

Esa es la contradicción que el discurso del gobernador no puede borrar: el PRIAN levanta la voz ante un aumento que atribuye a una ley federal, pero guarda silencio frente a los cobros que ya golpearon a contribuyentes de la capital.

Y hay un elemento político adicional: Ochoa Rodríguez busca proyectarse como posible sucesor de Villegas. La continuidad de ese grupo gobernante está en juego, y el debate sobre el predial exhibe una pregunta incómoda: ¿quién está defendiendo realmente la economía de las familias y quién está utilizando su preocupación para obtener réditos políticos?

¿CLAUDISMO DE FRENTE Y ANTICUARTA TRANSFORMACIÓN POR LA ESPALDA?

La política puede admitir diferencias, críticas y desacuerdos. Lo que no debería normalizarse es la simulación: presentarse ante la presidenta como aliado mientras se alimenta, en otros espacios, una narrativa contra el movimiento que ella encabeza.

Si Esteban Villegas tiene pruebas de que la armonización catastral provocará los aumentos que anuncia, debe mostrarlas. Si no las tiene, lo responsable es dejar de confundir a la población y explicar con claridad qué disposición legal modificaría los cobros.

Porque el predial no es un juego de propaganda. Es dinero que sale del bolsillo de trabajadores, comerciantes, pensionados y familias que hacen un esfuerzo para mantener su patrimonio.

Durango merece información, no miedo fabricado; explicaciones, no simulaciones.

Y si los gobiernos del PRIAN quieren hablar de impuestos y defender la economía popular, deberían comenzar por rendir cuentas sobre los incrementos que sus propios municipios han aplicado.

Porque una cosa es declararse aliado de la transformación frente a las cámaras y otra muy distinta demostrarlo con hechos.

A los duranguenses no se les defiende inventando un “predialazo” federal. Se les defiende con la verdad, con cobros justos y con gobiernos que no utilicen el miedo de la gente como arma política.