Reprime Gobierno de Durango a habitantes de Dinamita

Dinamita, Durango. A casi un mes de las detenciones masivas del 18 de marzo, el conflicto en esta comunidad de Gómez Palacio escaló a un nuevo nivel: el señalamiento directo desde el ámbito religioso contra el poder político estatal.

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, utilizó una homilía reciente para denunciar lo que calificó como persecución contra pobladores organizados, en una crítica que apunta directamente al gobierno encabezado por Esteban Villegas Villarreal.

La denuncia desde la homilía

En la celebración eucarística, Vera no se limitó a un posicionamiento general. Hizo referencia directa al caso de Dinamita y a la actuación del gobierno estatal:

“Ahora hay un gobernador ahí en Durango con una serie de cómplices que tienen que ver con esas tierras que los están persiguiendo, los están metiendo a la cárcel y les están preparando unas penas muy largas…”

El obispo vinculó las detenciones con un conflicto por la tierra y acusó la existencia de intereses que buscan despojar a las comunidades:

“Se apropian de la tierra y aprovechan sus amistades con los políticos…”

También calificó a los responsables de estos actos en términos severos, al referirse a ellos como:

“criminales asquerosos” y sostuvo que los detenidos son personas que: “defienden su vida, que defienden su territorio” .

Un conflicto con antecedentes: la resistencia a Chemours

El origen del movimiento se remonta a 2017, cuando comunidades de La Laguna formaron el Frente Unido para oponerse a la instalación de una planta de cianuro de la empresa Chemours.

El proyecto fue frenado tras movilizaciones y recursos legales, pero la organización comunitaria continuó activa en la defensa del territorio y el agua.

El detonante: conflicto laboral y movilización

En marzo de 2026, el conflicto resurgió a partir del despido de trabajadores de la empresa Sotomex.

Las demandas incluían:

• Liquidaciones conforme a la ley
• Reconocimiento de despidos vinculados a accidentes o enfermedades
• Condiciones laborales dignas

La protesta derivó en bloqueos dentro del corredor industrial de Dinamita.

El operativo del 18 de marzo

La respuesta del Estado fue un operativo con participación de:

• Ejército
• Guardia Nacional
• Policía estatal y municipal

El saldo:

• Decenas de detenidos
• Denuncias de uso de la fuerza
• Señalamientos de detenciones arbitrarias

La disputa por la narrativa

Versión oficial

El gobierno de Durango sostiene que los detenidos incurrieron en delitos como:

• Extorsión
• Robo
• Ataques a vías de comunicación

Justifica la intervención como necesaria para restablecer el orden.

Versión de los pobladores

Organizaciones sociales afirman que:

• Se trata de una protesta pacífica
• Los delitos fueron fabricados
• Existe un intento de desarticular al movimiento

El señalamiento político

La intervención de Raúl Vera introduce un elemento adicional:

• Acusa directamente al gobierno estatal de persecución
• Vincula el conflicto con intereses sobre la tierra
• Presenta a los detenidos como defensores legítimos del territorio

Su pronunciamiento traslada el caso de un conflicto local a uno con implicaciones éticas, políticas y de derechos humanos.

Un caso que sigue abierto

Actualmente:

• Decenas de personas continúan vinculadas a proceso
• Persisten las movilizaciones
• El conflicto mantiene tensión en la región lagunera

La denuncia desde el púlpito no resuelve el caso, pero sí amplifica su dimensión: ya no solo se discute la legalidad de las detenciones, sino la legitimidad del uso del poder frente a comunidades organizadas.