La hipocresía del PAN

La política mexicana suele ofrecer episodios difíciles de creer, pero la reciente denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador supera incluso los límites de la contradicción y el cinismo.

El partido que gobernó México durante dos sexenios marcados por la violencia, la corrupción y la subordinación a los intereses de Washington pretende ahora erigirse como defensor de los derechos humanos y acusar a López Obrador de presuntos crímenes de lesa humanidad.

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata y contundente.

“¿Quién les cree? Nadie”, sentenció durante la Mañanera del Pueblo.

Y tiene razón.

Porque si existe una fuerza política en México cuya autoridad moral para hablar de derechos humanos es prácticamente inexistente, esa es precisamente el PAN.

Durante el gobierno de Vicente Fox, el país fue testigo de los primeros signos de descomposición institucional que posteriormente desembocarían en una crisis de seguridad sin precedentes. Pero fue con Felipe Calderón cuando México entró en una espiral de violencia que dejó cientos de miles de muertos, desaparecidos y familias destrozadas.

La llamada "guerra contra el narcotráfico" convirtió amplias regiones del país en campos de batalla. Las masacres se multiplicaron, los desplazamientos forzados crecieron y las denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad se volvieron una constante.

Paradójicamente, muchos de quienes hoy exigen investigaciones internacionales guardaron silencio cuando el gobierno panista desplegó una estrategia de seguridad que numerosos especialistas consideran uno de los mayores fracasos de la historia reciente de México.

Resulta imposible olvidar que durante el sexenio de Calderón operó Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. El mismo funcionario que fue presentado durante años como el arquitecto de la estrategia de seguridad panista terminó exhibido como colaborador de los grupos criminales que supuestamente combatía.

Ese hecho por sí solo debería obligar al PAN a practicar un mínimo ejercicio de autocrítica antes de lanzar acusaciones contra otros.

Sin embargo, lejos de reflexionar sobre su propio pasado, la dirigencia panista decidió acudir a la Corte Penal Internacional para denunciar a López Obrador apenas unos días después de que el expresidente rompiera su retiro político para respaldar a Claudia Sheinbaum y denunciar las crecientes presiones e intentos de injerencia extranjera sobre México.

La coincidencia difícilmente parece casual.

Desde hace meses, diversos sectores conservadores han intensificado una campaña permanente de desprestigio contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Los ataques no sólo provienen de la oposición nacional, sino también de grupos políticos y mediáticos extranjeros que observan con preocupación la consolidación de un proyecto que ha reivindicado la soberanía nacional y reducido espacios de influencia para intereses externos.

La denuncia presentada por el PAN se inscribe precisamente en esa lógica.

No busca justicia.

Busca generar titulares.

No pretende esclarecer hechos.

Pretende construir una narrativa política.

No intenta defender a las víctimas.

Intenta golpear a un movimiento que mantiene un amplio respaldo popular.

Porque si el PAN estuviera realmente preocupado por los derechos humanos, comenzaría por explicar al país su responsabilidad histórica en la violencia desatada durante sus gobiernos. Tendría que responder por qué defendió durante años a García Luna. Tendría que explicar los miles de muertos de una estrategia de seguridad que convirtió a México en escenario de una guerra permanente.

Pero de eso no hablan.

Prefieren señalar a López Obrador mientras intentan borrar de la memoria colectiva los daños provocados por sus propias administraciones.

Por eso Claudia Sheinbaum fue directa al calificar la denuncia como un acto de hipocresía.

Porque la oposición que hoy pretende presentarse como defensora de la legalidad es la misma que durante décadas respaldó políticas neoliberales que profundizaron la desigualdad, privatizaron bienes públicos y sometieron decisiones estratégicas a intereses ajenos a la nación.

La realidad es que millones de mexicanos recuerdan perfectamente quién gobernó durante los años más oscuros de la violencia reciente y quiénes protegieron a personajes que terminaron vinculados con organizaciones criminales.

Por eso, cuando el PAN acusa, la pregunta inevitable sigue siendo la misma que formuló la presidenta:

¿Quién les cree?

La respuesta parece evidente.

Cada vez menos mexicanos.