No hay ni habrá censura

Una vez más, el periódico Reforma volvió a recurrir a una estrategia que parece haberse convertido en costumbre: presentar como un hecho consumado algo que, en realidad, ni siquiera ha ocurrido. Esta vez, el diario llevó a su portada una afirmación alarmista al asegurar que el Gobierno de México pretende censurar a la radio, la televisión, la prensa y hasta las redes sociales. Sin embargo, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara, directa y sin rodeos: "No hay ni habrá censura."

Durante su conferencia matutina, la mandataria exhibió la portada del diario y explicó que los supuestos lineamientos señalados por el medio ni siquiera han sido emitidos. Lo que existe actualmente es un proceso de consulta pública, mediante el cual tanto empresas de radiodifusión como especialistas, organizaciones y cualquier ciudadano interesado pueden presentar observaciones y propuestas antes de que dichos lineamientos sean definitivos.

Es decir, aquello que Reforma presentó como una decisión autoritaria es, en realidad, un procedimiento abierto de participación ciudadana previsto por la propia legislación. Resulta difícil hablar de censura cuando precisamente se está invitando a todos los sectores a opinar antes de que exista una versión final.

La presidenta recordó además que la reforma en materia de telecomunicaciones y derechos de las audiencias fue aprobada hace varios meses y que en su elaboración participaron distintos actores del sector, incluidos representantes de los propios medios de comunicación. Esa legislación establece la obligación de crear lineamientos que permitan garantizar los derechos de las audiencias, entre ellos el acceso a información plural, diferenciada y verificable.

Uno de los puntos que más polémica ha generado es la figura del Defensor de las Audiencias, aunque en realidad se trata de un mecanismo que existe desde hace años en diversos países y cuya función dista mucho de controlar contenidos o decidir qué puede publicarse.

Como explicó Sheinbaum, este defensor no será un funcionario del Gobierno, sino una persona designada por cada empresa de radio o televisión para atender las quejas del público y promover mejores prácticas dentro de la propia concesionaria. Su papel consiste en escuchar a las audiencias, recibir observaciones sobre los contenidos y fomentar que exista una oferta informativa más plural y de mayor calidad.

En otras palabras, no se trata de un censor, sino de una figura de atención a los derechos del público. La decisión sobre quién ocupa ese cargo corresponde a cada medio de comunicación, no al Gobierno de México.

El debate de fondo, sin embargo, parece ir mucho más allá de un simple desacuerdo jurídico. Durante décadas, buena parte de los grandes medios construyó el discurso de que cualquier intento por fortalecer los derechos de las audiencias representaba una amenaza para la libertad de expresión. Ahora, cualquier propuesta relacionada con la regulación del sector suele presentarse bajo la misma narrativa: la de una supuesta censura gubernamental.

Pero conviene distinguir conceptos. La libertad de expresión protege el derecho de los medios a informar y opinar sin interferencias indebidas del Estado. Los derechos de las audiencias, por su parte, buscan garantizar que la ciudadanía reciba información identificando claramente qué es noticia, qué es opinión y qué es publicidad, además de promover principios de pluralidad y responsabilidad informativa. Ambos derechos pueden coexistir y, de hecho, forman parte del mismo marco democrático.

Por ello, la discusión debería centrarse en el contenido real de los lineamientos una vez que concluyan las consultas públicas y no en escenarios hipotéticos construidos antes incluso de que exista un documento definitivo.

La respuesta de Claudia Sheinbaum fue categórica: no existe una política para censurar medios, periódicos, estaciones de radio, canales de televisión ni redes sociales. Lo que sí existe, afirmó, es un proceso legal para fortalecer los derechos de las audiencias mediante mecanismos previstos por la ley y abiertos al escrutinio público.

En un país donde la desinformación suele difundirse con la misma velocidad que las noticias verificadas, el reto sigue siendo el mismo: separar los hechos de las interpretaciones y analizar cada debate con información completa, no únicamente con titulares diseñados para provocar impacto.