México vive el momento más libre y democrático de su historia

Gobierno de México respondió directamente a los señalamientos publicados en The Wall Street Journal sobre la situación de la libertad de prensa en el país. El canciller Roberto Velasco Álvarez rechazó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga como política silenciar a los medios y sostuvo que México atraviesa el momento más libre y democrático de su historia.

La respuesta del funcionario se produjo a raíz de una columna de Mary Anastasia O’Grady, en la que se cuestionó la relación del gobierno mexicano con la prensa y se plantearon acusaciones relacionadas con una supuesta intención de limitar la libertad de expresión.

Frente a estos señalamientos, Velasco Álvarez defendió la transformación política que vive el país y estableció una comparación con décadas anteriores, cuando —de acuerdo con su argumento— un solo partido concentraba buena parte del poder político y del espectro radioeléctrico, mientras el acceso de los periodistas a la Presidencia estaba mucho más restringido.

El canciller destacó que el escenario actual es distinto y puso como ejemplo la relación cotidiana que mantiene la presidenta Sheinbaum con los medios de comunicación, además de sus recorridos por distintos estados del país durante los fines de semana, donde mantiene contacto directo con ciudadanos y comunidades.

El debate sobre los derechos de las audiencias

Uno de los puntos centrales de la controversia tiene que ver con la discusión sobre los derechos de las audiencias y las nuevas reglas que se encuentran bajo análisis.

Velasco Álvarez rechazó que estas disposiciones tengan como propósito establecer un supuesto “árbitro de la verdad” que determine qué pueden publicar o expresar los medios de comunicación.

El funcionario sostuvo que se trata de un asunto que continúa en discusión pública y que los lineamientos correspondientes deberán definirse después del proceso de consulta.

En este contexto, el Gobierno mexicano ha defendido la necesidad de discutir las responsabilidades de los medios, los derechos de las audiencias y la libertad de expresión como parte de un debate democrático, sin que ello implique establecer mecanismos de censura.

“Discrepar de una periodista no significa negar su libertad de expresión”

Uno de los argumentos más contundentes de la respuesta del canciller fue la separación entre criticar una opinión y censurar a quien la expresa.

Velasco Álvarez sostuvo que el Gobierno puede discrepar de las posiciones de O’Grady y, al mismo tiempo, defender plenamente su derecho a publicar.

La idea central, señaló, es que discrepar de una periodista no significa negar su libertad de expresión.

Bajo esa premisa, afirmó que el derecho a expresarse debe protegerse tanto para quienes respaldan al Gobierno como para quienes lo cuestionan o critican.

La posición planteada por el canciller coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre poder político, medios de comunicación y libertad de expresión, particularmente en un momento en el que la discusión pública sobre el papel de la prensa se ha intensificado.

México y el debate democrático

La respuesta publicada en uno de los principales medios de comunicación de Estados Unidos representa también una defensa internacional de la postura del Gobierno mexicano frente a las acusaciones de censura.

Más allá de las diferencias entre el Gobierno y determinados periodistas o medios, el planteamiento oficial es que la crítica al poder forma parte esencial de una democracia y que la discrepancia no debe confundirse con la censura.

Para el Gobierno de Sheinbaum, el debate sobre la libertad de expresión debe darse precisamente dentro de un escenario en el que puedan coexistir opiniones favorables, críticas y abiertamente contrarias al poder público.

En ese sentido, la respuesta de Roberto Velasco Álvarez a The Wall Street Journal busca dejar una posición clara: el Gobierno puede cuestionar lo que publica un periodista sin pretender impedir que lo publique, porque defender la libertad de expresión también implica defender el derecho a disentir.

El debate, por lo tanto, continúa abierto y coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta fundamental para cualquier democracia: ¿cómo garantizar al mismo tiempo la libertad de prensa, el derecho de las audiencias y la posibilidad de que el poder público sea cuestionado y, a su vez, pueda responder a sus críticos?