Dar Programas sociales a los jóvenes "destruyen los valores familiares"

La nueva mesa de opinión de TV Azteca, “Tolerancia Cero”, arrancó con una definición bastante clara de su línea editorial: Manuel López San Martín como conductor y, alrededor de la mesa, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, tres de las voces enfermas de odio contra la Cuarta Transformación. La propia televisora presentó el programa como un espacio para confrontar la narrativa oficial y cuestionar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Pero el estreno dejó algo más que una mesa de debate político. Dejó expuesta una visión particularmente severa hacia los programas sociales y, sobre todo, hacia quienes reciben sus beneficios.

El blanco fueron las becas y los apoyos dirigidos a las nuevas generaciones.

Durante la emisión, María Amparo Casar cuestionó el efecto que, a su juicio, tienen programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro sobre las familias. Su argumento fue que cuando los jóvenes reciben recursos económicos y pueden llegar a tener más dinero que sus padres, esto podría comenzar a “disolver los valores familiares”.

La afirmación provocó una pregunta inevitable:

¿Desde qué lugar se juzga a los jóvenes que reciben una beca o un apoyo del Estado?

Porque para millones de familias mexicanas, recibir una beca no significa destruir valores familiares. Significa poder pagar el transporte, comprar útiles, continuar estudiando, adquirir una computadora, ayudar con los gastos del hogar o, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, adquirir experiencia laboral mientras se recibe un apoyo económico.

El programa, de acuerdo con la propia Secretaría del Trabajo, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, quienes reciben capacitación hasta por 12 meses, un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos en 2026 y cobertura médica del IMSS. Su objetivo declarado es facilitar la capacitación para el trabajo y la incorporación de los jóvenes a actividades productivas.

Es decir, no se trata simplemente de “dar dinero”.

Se trata de una política pública que busca construir capacidades, experiencia laboral y oportunidades.

EL ARGUMENTO DE LA “DISOLUCIÓN DE LOS VALORES”

El planteamiento de Casar resulta especialmente polémico porque convierte una política de apoyo económico en una supuesta amenaza para la familia.

Pero hay otra lectura posible.

Quizá el problema no es que los jóvenes tengan dinero. Quizá el problema, para algunos sectores de la vieja élite, es que el Estado ahora entrega directamente recursos a personas que antes tenían muchas menos posibilidades de acceder a ellos.

Durante décadas, millones de jóvenes mexicanos enfrentaron desigualdad, falta de oportunidades y dificultades para continuar sus estudios. Hoy existen becas universales y programas de capacitación que transfieren recursos directamente a los beneficiarios.

Y eso parece incomodar profundamente a cierta parte de la comentocracia.

Y ENTRA LA HISTORIA DE LOS PRIVILEGIOS

La polémica adquiere otra dimensión cuando se recuerda la relación histórica que algunos de estos personajes tuvieron con el poder y con recursos provenientes del Estado.

En 2001, El Universal publicó una investigación basada en documentos y comprobantes que describía pagos realizados durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a proyectos vinculados con Héctor Aguilar Camín, el Centro de Investigación Cultural y Científica y Nexos.

La investigación documentó cheques y facturas por diversos estudios realizados para la Presidencia de la República y señaló un trato particularmente cercano entre Salinas y Aguilar Camín. El diario reportó pagos acumulados por 3 mil 424 millones de pesos de la época, equivalentes, según la propia publicación, a poco más de 3.4 millones de pesos actuales, además de anticipos y otros pagos relacionados con investigaciones.

El asunto no es menor.

Porque mientras hoy Aguilar Camín cuestiona que el Estado entregue recursos directamente a los jóvenes, los archivos periodísticos muestran que durante el salinismo existieron importantes contratos y pagos públicos relacionados con trabajos realizados por instituciones y empresas vinculadas con su entorno.

La diferencia es evidente: Antes, los recursos públicos podían circular mediante contratos, estudios, consultorías y relaciones privilegiadas con las élites. Ahora, una parte importante del gasto social llega directamente a millones de ciudadanos.

Y ahí está quizá una de las claves para entender la virulencia del discurso.

MARÍA AMPARO CASAR Y EL CASO PEMEX

El caso de María Amparo Casar también tiene una historia particularmente controvertida alrededor de recursos de Petróleos Mexicanos.

Tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, en 2004, Casar obtuvo una pensión post-mortem de Pemex. En 2024, el entonces director de la petrolera, Octavio Romero Oropeza, sostuvo que la prestación había sido otorgada de manera irregular y afirmó que el fallecimiento había sido determinado oficialmente como suicidio y no como accidente laboral.

Pemex estimó entonces que los pagos realizados superaban los 31 millones de pesos y anunció acciones legales para recuperar los recursos. El caso derivó posteriormente en una investigación penal de la Fiscalía General de la República por presunto uso indebido de atribuciones. Casar, por su parte, impugnó la suspensión de la pensión y obtuvo medidas judiciales para mantener el pago mientras se resolvía la controversia.

A Casar se le ha bautizado como “la viuda de la corrupción”. Pero existe otro dato que resulta imposible ignorar en el debate actual sobre las becas. Información publicada recientemente, a partir de documentación atribuida a expedientes de Pemex y retomada por medios de comunicación, señala que los hijos de Casar recibieron apoyos de la petrolera para cubrir estudios en el ITAM por un monto aproximado de 1.8 millones de pesos.

Y entonces aparece una contradicción que merece ser discutida:

¿Por qué una beca pública de miles de pesos para un joven mexicano sería presentada como una amenaza para los valores familiares, mientras beneficios educativos de mucho mayor monto obtenidos por familias vinculadas con las élites pueden ser considerados normales o legítimos?

La pregunta es incómoda. Pero es legítima.

EL MUNDO QUE CAMBIÓ

La llegada de la Cuarta Transformación modificó una de las reglas no escritas de la política mexicana: el Estado comenzó a colocar en el centro de su política social a sectores que históricamente habían tenido menos acceso a los recursos públicos.

Adultos mayores, estudiantes, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos y familias de bajos ingresos comenzaron a recibir transferencias directas.

Y el dinero dejó de pasar necesariamente por intermediarios.

Ese cambio produjo beneficiarios.

Pero también produjo inconformidades.

Porque cuando millones de personas reciben directamente una pensión, una beca o un apoyo para capacitarse, se reduce el espacio para intermediarios, gestores y estructuras que durante décadas tuvieron una enorme capacidad para administrar políticamente la pobreza.

Por eso el debate sobre los programas sociales no debería reducirse a si “dar dinero” es bueno o malo.

La discusión de fondo es otra:

¿Quién debe beneficiarse de los recursos públicos y bajo qué criterios?

¿Un reducido grupo de empresas, consultores, intelectuales y organizaciones cercanas al poder?

¿O millones de ciudadanos que necesitan apoyo para estudiar, trabajar, producir y mejorar sus condiciones de vida?

NO ES EL DINERO: ES QUIÉN LO RECIBE

El discurso de la mesa de “Tolerancia Cero” puede entenderse como una expresión más de una corriente de opinión que mira con enorme desconfianza las políticas sociales de la 4T.

Y aquí aparece una paradoja histórica.

Algunos de los críticos más severos de las transferencias directas provienen de generaciones que conocieron un México donde las relaciones entre las élites intelectuales, económicas y políticas tenían una enorme influencia sobre la distribución de recursos y oportunidades.

Hoy, en cambio, un joven de 18 o 20 años puede recibir directamente un apoyo público sin tener que pertenecer a una familia influyente, contar con un padrino político o formar parte de un círculo privilegiado.

Ese es el verdadero cambio.

Y quizá por eso el enojo no está únicamente en la cantidad de dinero.

Está en que el dinero público ahora llega a otros sectores de la sociedad.

A jóvenes que antes no tenían voz.

A estudiantes que antes abandonaban la escuela.

A trabajadores que buscan su primera experiencia laboral.

A familias que durante generaciones quedaron fuera de las oportunidades.

La discusión sobre los programas sociales puede y debe ser crítica. Se pueden cuestionar sus resultados, su cobertura, sus mecanismos de evaluación y su eficiencia.

Lo que resulta mucho más cuestionable es convertir a sus beneficiarios en objeto de desprecio o sospecha por el simple hecho de recibir un apoyo público.

Porque si algo debería enseñar la historia de México es que la justicia social no consiste en que unos cuantos tengan acceso privilegiado a los recursos del Estado, sino en ampliar las oportunidades para quienes durante décadas estuvieron al margen.

Y mientras algunos comentaristas siguen añorando el México que dejaron atrás, millones de jóvenes simplemente están intentando construir el suyo.

Tal vez eso sea precisamente lo que más les molesta.