Que se abra todo el INE: Sheinbaum exige investigar a Ugalde, Córdova y Taddei

Sheinbaum exige transparentar los contratos del órgano electoral; la auditoría debe rastrear el dinero público, revisar todas las administraciones y deslindar responsabilidades sin privilegios ni excepciones.

La controversia por los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede limitarse a la gestión de Guadalupe Taddei. Si existen indicios de irregularidades, la investigación debe llegar hasta donde conduzcan los documentos, desde las contrataciones recientes hasta los antecedentes del antiguo IFE.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido auditar y transparentar los contratos del INE, tanto durante la administración actual como en los periodos anteriores. El objetivo debe ser esclarecer desde cuándo se contrataron determinadas empresas, quién autorizó los procedimientos, cuánto dinero público recibieron y si existieron conflictos de interés o anomalías.

¡La investigación no debe detenerse ante ningún nombre, cargo o grupo político!

DE UGALDE A CÓRDOVA: EL PASADO TAMBIÉN DEBE RENDIR CUENTAS

La revisión debe abarcar los contratos correspondientes a las gestiones de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova, así como los antecedentes del IFE bajo Luis Carlos Ugalde, dentro del alcance legal de las auditorías.

Ugalde quedó marcado políticamente por la controvertida elección presidencial de 2006; Córdova encabezó el INE entre 2014 y 2023, y Taddei asumió su conducción en 2023. Sus periodos deben examinarse con criterios objetivos, documentación y pruebas, sin convertir los señalamientos en condenas anticipadas.

La pregunta es directa: ¿las empresas hoy cuestionadas recibieron contratos en administraciones anteriores? ¿Quiénes los autorizaron? ¿Se cumplieron las condiciones pactadas? ¿Hubo irregularidades que no fueron detectadas o sancionadas?

Las respuestas deben encontrarse en los expedientes, las auditorías y los registros de pagos, no en las declaraciones de los políticos.

QUE SE SIGA EL DINERO, NO SOLAMENTE LOS NOMBRES

Una auditoría exhaustiva debe revisar licitaciones, adjudicaciones directas, montos pagados, servicios entregados, relaciones entre proveedores y posibles conflictos de interés. Si se acreditan faltas administrativas o delitos, las autoridades competentes deben actuar conforme a la ley.

La autonomía del INE no puede convertirse en una barrera para fiscalizar el presupuesto público. La independencia electoral exige instituciones imparciales, pero también instituciones capaces de explicar cómo gastan cada peso.

Y frente a las elecciones de 2027, la transparencia no puede ser una promesa: debe convertirse en resultados verificables.

¡NI ENCUBRIMIENTOS NI IMPUNIDAD!

Quienes hoy se presentan como defensores de la democracia también deben estar dispuestos a que sus actuaciones sean examinadas. La rendición de cuentas no puede aplicarse únicamente a los adversarios ni detenerse cuando aparecen personajes influyentes.

Que se investigue a fondo la gestión de Taddei, que se revisen los contratos del periodo de Córdova y que se esclarezcan los antecedentes de Ugalde. Que se investigue a funcionarios, exfuncionarios y proveedores, sin excepciones y con pruebas.

Si hubo irregularidades, que se sancionen. Si hubo daño al erario, que se determinen las responsabilidades. Y si las acusaciones no se sostienen, que también se haga público.

¡LA DEMOCRACIA NO SE DEFIENDE OCULTANDO EXPEDIENTES, SINO RINDIENDO CUENTAS!

México merece conocer la verdad sobre el manejo de los recursos de su órgano electoral. Ningún personaje debe estar por encima de la ley y ninguna administración debe quedar fuera del escrutinio cuando existan elementos para investigarla.

¡Que se abran los expedientes, que se siga el dinero y que las responsabilidades lleguen hasta donde lleguen las pruebas