El escándalo de las pensiones millonarias

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, reveló en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum la existencia de pensiones “exorbitantes” que reciben miles de jubilados de Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos (Pemex), herencia de decisiones tomadas en administraciones pasadas y que hoy representan un fuerte golpe para las finanzas públicas.

Buenrostro subrayó que los montos que se pagan a exfuncionarios y personal de confianza contrastan de manera alarmante con la realidad de la mayoría de los trabajadores mexicanos.

El caso de Luz y Fuerza del Centro
Aunque la compañía fue liquidada hace más de una década, aún existen 14 mil extrabajadores que reciben pensiones, las cuales en conjunto suman 28 mil millones de pesos.

Entre los casos más escandalosos se encuentra el de un exservidor público que percibe más de un millón de pesos al mes. Asimismo, 33 extrabajadores reciben entre 700 mil y 999 mil pesos mensuales, mientras que otros 75 cobran de 400 mil a 699 mil pesos.

En total, 9,457 jubilados (67%) reciben de 100 mil a un millón de pesos al mes, de los cuales, 3,500 ganan más que la presidenta de México.

La comparación con la realidad nacional resulta indignante: mientras el promedio mensual de ingresos en México es de 7 mil pesos, los extrabajadores de Luz y Fuerza perciben en promedio 140 veces más.

Pemex: privilegios petroleros
El panorama en Pemex no es muy distinto. Actualmente, 15 jubilados reciben más de 340 mil pesos mensuales, mientras que otros 256 exfuncionarios cobran entre 280 mil y 339 mil pesos.

En total, 544 pensionados de Pemex obtienen más ingresos que la presidenta Claudia Sheinbaum, y existen 618 casos con pensiones por encima de lo que ganaba un director general de la propia paraestatal, autorizadas de manera extraordinaria en consejos de administración pasados.

En promedio, los jubilados de Pemex reciben 39 veces más que el promedio nacional.

Medidas en curso
Frente a esta situación, la Secretaría Anticorrupción anunció la instalación de mesas de trabajo jurídicas e institucionales con el IMSS, ISSSTE, Hacienda, CFE, Pemex y el INDEP, entre otras dependencias, para revisar la legalidad de las pensiones y su posible ajuste constitucional.

Además, se implementarán nuevas medidas de control, como:

·         Oficios circulares para normar los requisitos de pase de supervivencia.

·         Convenios con RENAPO y registros civiles para depurar padrones y evitar pagos a personas fallecidas.

·         Homologación de expedientes, con el fin de cerrar huecos legales que permitieron abusos en el pasado.

“Encontramos personas con más de 100 años de edad que siguen cobrando pensiones elevadísimas. Eso habla de la falta de actualización en los registros”, explicó Buenrostro.

Un lastre del pasado
Estos privilegios, señaló la funcionaria, son producto de los excesos de gobiernos anteriores, donde se otorgaron jubilaciones fuera de norma, especialmente a altos mandos. Hoy representan una distorsión enorme frente a la austeridad republicana y al esfuerzo de millones de mexicanos que sobreviven con pensiones mínimas.

El reto del actual gobierno será corregir estas desigualdades sin vulnerar derechos adquiridos, pero asegurando que nunca más se repitan los abusos que drenaron al erario durante décadas.