Sheinbaum anuncia reforma para eliminar pensiones millonarias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que presentará una reforma constitucional con el objetivo de eliminar las pensiones millonarias que aún reciben algunos exfuncionarios, quienes perciben hasta un millón de pesos mensuales con cargo al erario.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que este privilegio se originó tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Según explicó, mientras miles de trabajadores de base fueron despedidos sin mayor protección, un reducido grupo de empleados de confianza se benefició con jubilaciones desproporcionadas.

“El objetivo de esto era la privatización, nada más que ya no pudieron avanzar más. Hasta Peña, de una manera injusta y autoritaria, hace la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y llama la atención cómo hay funcionarios de confianza que les seguimos pagando 1 millón de pesos al mes, mientras hay trabajadores que no recibieron nada”, señaló.

La mandataria recordó que fue hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando, mediante un decreto, se restituyó el derecho a pensión de la mayoría de los extrabajadores, aunque aún persisten las jubilaciones excesivas en beneficio de exdirectivos.

Ante ello, Sheinbaum confirmó que su administración prepara una iniciativa de reforma constitucional que permita poner un tope a estas pensiones, garantizando que no se vulneren derechos laborales legítimos, pero evitando abusos que lastiman las finanzas públicas.

“Va a haber una iniciativa de reforma constitucional, porque se están analizando todos los derechos laborales para no afectar ninguno. Para ello, solamente con una reforma constitucional que ponga un límite a este abuso”, afirmó.

La presidenta cuestionó que aún existan casos de jubilaciones de 400 mil pesos mensuales para personas que, en algunos casos, apenas laboraron unos años en empresas públicas. “Esos recursos tienen que ir a la gente”, sentenció.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca redirigir recursos públicos hacia la población, cerrando la puerta a un esquema que ha beneficiado de manera desproporcionada a una minoría de exfuncionarios.