El colmo del cinismo

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, vuelve a colocarse en el ojo del huracán. A pesar de que enfrenta señalamientos documentados por enriquecimiento ilícito, propiedades ocultas mediante prestanombres y un estilo de vida que no corresponde con sus ingresos como ex gobernador de Campeche, Moreno amenaza con denunciar a la presidenta Claudia Sheinbaum por “difamación y calumnias”. La contradicción es evidente: quien acumula mansiones, autos de lujo y decenas de terrenos bajo sospecha de corrupción, pretende escudarse en la figura de víctima.

34 propiedades bajo sospecha

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló que Alito posee —a través de familiares y allegados— al menos 34 propiedades en la entidad. En su programa Martes del Jaguar anunció incluso que tres de esos predios serán expropiados para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos.

Uno de los terrenos está registrado a nombre de la madre del priísta, Yolanda Cárdenas Montero, mientras que otros figuran bajo la titularidad de su “arquitecto” Juan José Salazar. Las propiedades cuentan con lujos poco comunes: canchas de pádel y golf, jardines privados y caminos internos que conectan las áreas como si fueran parte de una sola hacienda.

Sansores advirtió que no se trata de un despojo, sino de un acto de justicia respaldado por la nueva Ley de Expropiación, que garantiza audiencia y compensación justa. La mandataria recalcó que los bienes fueron adquiridos gracias a prácticas de corrupción y que ahora tendrán utilidad pública.

El valor real de su mansión

El caso más escandaloso es el de su mansión en Campeche. Mientras que en su declaración patrimonial Moreno reportó un valor de apenas 9 millones de pesos, investigaciones periodísticas y oficiales calculan su precio real en alrededor de 300 millones.

La residencia, de más de 7 mil metros cuadrados, cuenta con alberca, sala de cine, baños de lujo con jacuzzi, cantina construida sobre una réplica de Cadillac y obras de arte. Todo ello, pese a que su sueldo como gobernador rondaba los 120 mil pesos mensuales, cifra que resulta insuficiente para justificar semejante patrimonio.

Denuncias de corrupción y desafuero bloqueado

La gobernadora Sansores recordó que durante la gestión de Moreno se documentó un desvío de 83 millones de pesos, apenas “peccata minuta” frente al cúmulo de irregularidades detectadas. Sin embargo, cada intento de desafuero o de juicio de procedencia ha sido frenado por la falta de mayoría en el Congreso y la supuesta “protección” que goza el líder priísta.

Claudia Sheinbaum, por su parte, adelantó que el Ejecutivo prepara una reforma para reforzar la figura de extinción de dominio y facilitar la recuperación de bienes adquiridos mediante corrupción, de forma que puedan destinarse a escuelas y universidades públicas.

La contradicción

En este contexto, resulta contradictorio que Alejandro Moreno amenace con denunciar a la presidenta por “difamación y calumnias”. Las acusaciones en su contra no se limitan a declaraciones políticas, sino que están respaldadas por investigaciones, escrituras y pruebas documentales. La disparidad entre sus ingresos y su patrimonio habla por sí sola.

El caso de “Alito” se ha convertido en un símbolo del viejo régimen priísta: fortunas inexplicables, prestanombres, propiedades millonarias y un blindaje político que busca evadir la justicia. Su amenaza legal, más que una defensa, parece un intento desesperado por cambiar la narrativa y victimizarse frente a la opinión pública.

Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿cómo justificar una mansión de 300 millones y 34 propiedades con un salario público? La riqueza de Alejandro Moreno continúa siendo tan escandalosa como inexplicable.