Por lavado de dinero cierran 13 casinos, dos de Salinas Pliego

El Gobierno de México destapó el modus operandi de una compleja red de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos —varios de ellos en plataformas digitales— cuyas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Dos de esos establecimientos, confirmaron fuentes oficiales, pertenecen al Grupo Salinas, corporativo encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que las investigaciones “tienen sustento legal y pruebas sólidas” y recalcó que no existe ningún trasfondo político en las acciones emprendidas.
“Cuando hay indicios de lavado de dinero, la ley obliga a presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Y eso es lo que estamos haciendo. Estado de derecho significa cumplir con la ley, sin excepciones”, sostuvo.

 
Lavado digital: identidades robadas y paraísos fiscales

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 13 casinos investigados operaban con millonarias transferencias internacionales, muchas de ellas hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
El mecanismo era claro: el dinero proveniente de actividades ilícitas se registraba como “apuestas”, luego se movía mediante identidades robadas o prestanombres —amas de casa, jóvenes, jubilados o desempleados—, y finalmente se blanqueaba en paraísos fiscales.

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que esta red usaba plataformas no reguladas para disfrazar la procedencia de los recursos.
“Estas operaciones simulaban ganancias en juegos, pero en realidad eran parte de esquemas para dispersar, ocultar y reinsertar dinero ilícito al sistema financiero”, detalló.

 
UIF, Hacienda y Gobernación actúan en conjunto

La UIF bloqueó las cuentas de los establecimientos involucrados, mientras que la Secretaría de Gobernación ordenó su suspensión inmediata para “garantizar la legalidad de las operaciones y proteger a los usuarios no vinculados a las acciones delictivas”.

El operativo, explicó Hacienda, fue resultado de meses de investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad Nacional.
Los casinos intervenidos se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

Las autoridades adelantaron que se presentarán denuncias ante la FGR por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales, además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación para el seguimiento de los casos.

 
Grupo Salinas en la mira

Ante los señalamientos de que dos de los casinos bloqueados pertenecen al Grupo Salinas, Sheinbaum fue categórica:
“La autoridad no puede pronunciarse directamente sobre las empresas involucradas porque la investigación está en curso, pero sí puedo decir que todas las acciones tienen sustento jurídico. No hay persecución política.”

La mandataria también respondió a los ataques de Ricardo Salinas Pliego, quien llamó “parásitos” a los beneficiarios de programas sociales:
“Es indignante que se use ese lenguaje contra quienes han dado su vida por el país. Los adultos mayores, las madres trabajadoras, los jóvenes que estudian o se capacitan merecen respeto. Esa visión clasista no tiene cabida en un México que busca justicia social.”

Sheinbaum recordó que empresas de Grupo Salinas han participado en programas del gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que evidencia —dijo— que no hay persecución, sino aplicación de la ley.

 
“Nadie por encima de la ley”

Con firmeza, la presidenta remarcó que la lucha contra el lavado de dinero forma parte de la estrategia nacional de seguridad, orientada a cortar el flujo financiero del crimen organizado.
“Todos debemos cumplir con la ley: las instituciones, las empresas y también la autoridad. Eso es Estado de derecho”, concluyó.

El mensaje es claro: el gobierno federal no se detendrá ante los grandes intereses económicos que durante años se ampararon en el poder mediático o empresarial.
Hoy, el dinero sucio tiene los días contados, y la justicia no distingue apellidos ni fortunas.