Ahora sí Salinas Pliego pagará en enero $51 mil millones

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró, al menos en el plano jurídico, uno de los expedientes fiscales más emblemáticos de los últimos años: los adeudos de empresas de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Con el fallo firme, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que en enero de 2026 emitirá el requerimiento formal de pago por 51 mil millones de pesos, una cifra que no sólo pesa en términos financieros, sino también en el debate público sobre la justicia fiscal en México.

Un litigio que se arrastra más de una década

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que el origen del conflicto se remonta a determinaciones realizadas entre 2013 y 2018, cuando la autoridad fiscal concluyó que diversas empresas del grupo utilizaron de manera improcedente pérdidas fiscales para reducir el pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente a los ejercicios 2008-2013.

Es decir, no se trata de un diferendo reciente ni de una interpretación coyuntural de la ley. Durante más de diez años, el caso transitó por todas las instancias posibles. Primero, las empresas impugnaron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la validez de los créditos fiscales. Después acudieron al Poder Judicial de la Federación, donde tribunales colegiados negaron los amparos en 2024 y 2025. Finalmente, la SCJN desechó las impugnaciones el 13 de noviembre, dejando firme la obligación de pago.

Con la notificación de la Corte ya realizada, el SAT procederá en enero de 2026 a emitir el requerimiento, abriendo el plazo para el pago voluntario.

¿Descuentos sí, privilegios no?

De acuerdo con Martínez Dagnino, la ley permite que los contribuyentes soliciten ajustes a la baja de hasta 39%, dependiendo del esquema y orden de pago. No es una concesión especial, subrayó, sino una posibilidad prevista en el Código Fiscal de la Federación.

El funcionario recordó un principio básico que suele perderse en la discusión mediática: el artículo 31, fracción IV, de la Constitución obliga a todas y todos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. En ese marco, el SAT hizo un llamado directo a las empresas para cubrir los adeudos conforme a derecho.

Sheinbaum: ni persecución política ni excepción legal

La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al deslindar el caso de cualquier lectura política. “Es un asunto estrictamente legal, jurídico y administrativo”, afirmó. La Corte resolvió, el SAT notificará y las empresas, conforme a la ley, podrán solicitar descuentos. “Esperemos que se pague”, dijo.

La mandataria también advirtió que, si no hay cumplimiento, se activarán otros procedimientos previstos en la ley, aunque aclaró que ese escenario corresponde a una etapa posterior. Además, instruyó a la Secretaría de Hacienda y al SAT a mantener informada a la opinión pública sobre el avance del proceso una vez iniciado formalmente.

No es un dato menor que la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno hayan estado supervisando el caso. En un país donde la percepción de impunidad fiscal ha sido una constante, la vigilancia institucional busca enviar un mensaje claro: la ley aplica incluso para los grandes conglomerados empresariales.

El fondo del asunto

Más allá de nombres propios, el caso Salinas Pliego pone sobre la mesa una discusión de fondo: la capacidad del Estado para cobrar lo que le corresponde y la responsabilidad social de los grandes contribuyentes. No se trata de una cacería política ni de un ajuste de cuentas ideológico, sino de la consecuencia de resoluciones firmes tras años de litigio.

En enero de 2026 no sólo se emitirá un requerimiento de pago; se pondrá a prueba, una vez más, si en México la justicia fiscal puede dejar de ser un discurso y convertirse en una realidad tangible. El reloj ya empezó a correr.