Regularizar, no decomisar: reclamo de miles de familias tras fin del decreto

La conclusión anticipada del decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera encendió la preocupación de miles de propietarios en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum determinó dar por terminado el programa el pasado 5 de enero, pese a que originalmente estaba previsto que concluyera el 30 de septiembre de 2026, dejando a numerosas personas con trámites inconclusos y en un escenario de incertidumbre legal.

Ante esta situación, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) solicitó de manera formal que el proceso de regularización continúe para quienes ya habían iniciado el trámite, pero no lograron finalizarlo por causas ajenas a su voluntad. Entre los principales obstáculos, se encuentra la falta de hologramas y problemas administrativos que impidieron completar el procedimiento dentro del plazo establecido.

Teófilo Rodríguez Acosta, coordinador estatal de Onappafa en Durango y responsable de la zona norte y noreste del país, advirtió que la terminación del decreto afecta directamente a miles de familias que dependen de estos vehículos como su principal medio de transporte. “No se trata de un lujo, sino de una herramienta de trabajo y movilidad para productores, campesinos, obreros, estudiantes y personas de bajos ingresos que no tienen la posibilidad de adquirir un vehículo nacional”, subrayó.

No al decomiso de vehículos
Uno de los puntos centrales de la demanda de Onappafa es que las autoridades no decomisen las unidades de procedencia extranjera que aún no han sido regularizadas. La organización argumenta que retirar estos vehículos agravaría la situación económica de amplios sectores sociales, particularmente en regiones rurales y semiurbanas donde el transporte público es insuficiente o inexistente.

Rodríguez Acosta insistió en que se permita la circulación de estas unidades mientras se define un mecanismo que permita concluir la regularización de los vehículos que ya se encuentran en el país, evitando así que miles de familias queden en la ilegalidad sin una alternativa real de movilidad.

Alerta por fraudes y documentos falsos
En paralelo, Onappafa alertó sobre un incremento en prácticas fraudulentas relacionadas con la regularización vehicular. De acuerdo con el dirigente, se ha detectado la circulación de hologramas falsos y la operación de personas que, aprovechándose de la desinformación, cobran supuestas cuotas reducidas para “regularizar” vehículos mediante pedimentos de importación, los cuales en muchos casos también resultan apócrifos.

La organización llamó a los propietarios a no dejarse engañar y a verificar cualquier trámite únicamente por vías oficiales, al tiempo que pidió a las autoridades reforzar la vigilancia para frenar estos fraudes que afectan directamente el patrimonio familiar.

Regularizar lo existente y cerrar fronteras
Rodríguez Acosta se pronunció a favor de una política clara y ordenada: cerrar las fronteras a la introducción de más vehículos extranjeros, pero regularizar aquellos que ya se encuentran circulando en territorio nacional. A su juicio, esta medida permitiría dar certeza jurídica a los propietarios, fortalecer el control vehicular y evitar que el problema se siga extendiendo.

Finalmente, el líder de Onappafa respaldó el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para la fabricación de vehículos nacionales de bajo costo, como el caso de los automóviles Olinia. Consideró que esta iniciativa representa una alternativa a mediano plazo para facilitar el acceso a unidades automotrices a personas con bajo poder adquisitivo.

Mientras tanto, Onappafa reiteró su llamado a las autoridades federales para que se reconsidere la conclusión anticipada del decreto y se atienda la realidad social de miles de familias que hoy enfrentan el riesgo de perder su único medio de transporte. La demanda es clara: no al decomiso y sí a una regularización justa y accesible