Se le acabó el tiempo a Salinas Pliego

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, cuenta con un plazo legal de cinco días —a partir del viernes pasado— para cubrir un adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos, conforme a lo establecido por la ley.

Durante la conferencia matutina, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que la notificación correspondiente fue entregada desde el jueves, pero comenzó a surtir efectos legales el viernes. A partir de ese momento, se activa el plazo de cinco días para que la empresa cumpla con el pago determinado por un tribunal y respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con la mandataria, el adeudo fiscal ya fue resuelto por las instancias judiciales correspondientes, por lo que esta misma semana el empresario deberá responder ante la autoridad hacendaria. “Esperemos que pague”, expresó Sheinbaum al referirse al cumplimiento de la resolución.

No obstante, la presidenta aclaró que, si el magnate manifiesta voluntad de pago, la ley contempla la posibilidad de solicitar facilidades o ajustes, los cuales podrían representar descuentos de hasta el 39 por ciento, dependiendo de la modalidad y los plazos acordados con el SAT.

Sheinbaum subrayó que no se trata de un ultimátum político, sino del simple cumplimiento de los tiempos legales que se activan una vez notificado el requerimiento fiscal. “Son fechas legales, no es un ultimátum; se notifica y después de eso hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT”, puntualizó.

Hasta ahora, Ricardo Salinas Pliego no ha anunciado si cubrirá el adeudo. Por el contrario, ha insistido en que el proceso forma parte de una supuesta persecución política en su contra. Incluso recientemente viajó a Estados Unidos, donde fue entrevistado por su propio medio, TV Azteca, reiterando su postura de confrontación con el gobierno federal.

Mientras tanto, el reloj legal avanza y la atención pública se centra en si uno de los empresarios más poderosos del país cumplirá o no con una deuda fiscal que ha marcado un precedente en la relación entre el Estado y los grandes contribuyentes.