Sheinbaum anuncia Plan B electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que no considera un revés definitivo el rechazo a su reforma electoral. Lejos de asumirlo como una derrota, anunció que el próximo lunes enviará al Congreso un nuevo paquete de cambios, al que ya denominó Plan B, con el que buscará insistir en uno de los ejes centrales de su proyecto político: terminar con los privilegios que aún sobreviven en distintas estructuras del poder público.

La nueva propuesta no será menor. Según explicó la mandataria, incluirá incluso reformas de rango constitucional y tendrá como objetivo principal poner límites al gasto excesivo en congresos locales y ayuntamientos, abrir más espacios de consulta ciudadana sobre temas electorales y modificar el momento en que se realice la revocación de mandato, para que pueda llevarse a cabo en el tercer o cuarto año de gobierno.

Con ello, Sheinbaum busca reactivar la discusión pública en torno al costo de la política en México y colocar nuevamente en el centro del debate una idea que ha sido constante en el discurso de la llamada Cuarta Transformación: que los recursos públicos deben orientarse primero a las necesidades de la población y no al sostenimiento de estructuras burocráticas cargadas de privilegios.

El costo de los congresos locales

Uno de los puntos que más énfasis recibió por parte de la presidenta fue el gasto destinado a los congresos estatales. Sheinbaum exhibió cifras que, a su juicio, reflejan niveles injustificables de costo por legislador en distintas entidades del país.

Puso como ejemplo a Baja California, donde con apenas 25 diputados se destinan 34.8 millones de pesos; Colima, con 5.1 millones; Morelos, con 31.8 millones; y Campeche, con 6.1 millones. La disparidad, sostuvo, demuestra que no existe una lógica uniforme ni criterios de austeridad reales, sino una estructura presupuestal inflada que en muchos casos responde más a inercias políticas que a necesidades institucionales.

La propuesta presidencial plantea establecer un tope máximo a los recursos que pueden destinarse a los congresos locales, con la intención de frenar excesos y liberar dinero público que pueda ser reasignado a prioridades concretas en estados y municipios.

De acuerdo con Sheinbaum, esta medida permitiría ahorrar alrededor de cuatro mil millones de pesos, recursos que, subrayó, no irían al gobierno federal sino que permanecerían en las propias entidades y municipios para atender necesidades locales.

Regidores, síndicos y una estructura inflada

La presidenta también dirigió sus críticas a los cabildos municipales, particularmente al número de regidores y síndicos que existen en algunos ayuntamientos del país, así como a los ingresos que perciben, muchas veces incrementados por bonos y otras prestaciones.

Mencionó casos como Acapulco, con 20 regidores; Monterrey, con 28; y Puebla, con 23, además de municipios donde existen hasta tres síndicos. Para Sheinbaum, este diseño institucional responde a viejas prácticas de reparto político y cuotas de poder que hoy resultan difíciles de justificar frente a las carencias que viven millones de personas.

La mandataria sostuvo que el país no necesita ese nivel de gasto en representación municipal y anticipó que el Plan B también incluirá límites para reducir esas estructuras y redirigir los recursos a obra pública local.

El mensaje es claro: para el gobierno federal, la austeridad no debe quedarse en el discurso ni limitarse al ámbito central, sino extenderse a todas las capas del poder público donde todavía persisten privilegios y gastos desproporcionados.

Más democracia directa en temas electorales

Otro de los ejes del Plan B será ampliar la participación ciudadana mediante consultas públicas sobre asuntos electorales. Entre los temas que podrían someterse a opinión popular está el monto del financiamiento a los partidos políticos, uno de los asuntos más sensibles y debatidos dentro del sistema electoral mexicano.

Sheinbaum defendió esta idea como una forma de profundizar la democracia. A su juicio, la ciudadanía debe tener voz no sólo en la elección de representantes, sino también en decisiones clave sobre el funcionamiento y costo del aparato político-electoral.

Con esta propuesta, la presidenta intenta conectar el debate institucional con el malestar social que durante años ha cuestionado los altos presupuestos de los partidos y los organismos públicos, especialmente en un país marcado por profundas desigualdades.

Revocación de mandato en el tercer o cuarto año

La iniciativa también contempla retomar la figura de la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, lo que abriría un nuevo debate sobre los mecanismos de evaluación popular a mitad del sexenio o del periodo de gestión correspondiente.

Para Sheinbaum, se trata de fortalecer una herramienta que permita a la ciudadanía tener un papel más activo en la vida pública y en la permanencia de sus gobernantes. La propuesta se alinea con la narrativa de participación popular que ha acompañado al obradorismo desde sus orígenes y que la actual presidenta ha decidido mantener como parte de su sello político.

“Si pasa, qué bueno; si no, tampoco pasa nada”

Aunque dejó en claro su intención de empujar el Plan B, Sheinbaum también adoptó un tono de serenidad frente a la posibilidad de que enfrente resistencias en el Congreso. “Yo espero que pase, si no pasa, tampoco pasa nada”, dijo, al asegurar que su administración actúa con base en una convicción y un principio: no olvidar de dónde viene el movimiento que hoy gobierna el país.

La frase no es menor. Más que una señal de resignación, parece un intento por colocar la batalla en el terreno político y moral: si la propuesta avanza, el gobierno podrá presentarlo como un triunfo contra los privilegios; si no, la presidenta buscará exhibir a quienes se opongan como defensores de un sistema costoso y desigual.

La disputa por el sentido de la transformación

En el fondo, el anuncio del Plan B confirma que la reforma electoral seguirá siendo uno de los campos de disputa centrales del nuevo gobierno. Sheinbaum no sólo quiere insistir en cambios institucionales, sino mantener viva una narrativa que le ha dado fuerza política al bloque gobernante: la de confrontar al viejo régimen de privilegios con una promesa de austeridad, participación y redistribución de recursos.

La presidenta lo resumió en una idea que sintetiza el espíritu de su propuesta: destinar más dinero a las necesidades de la gente y menos al sostenimiento de estructuras políticas sobredimensionadas.

Bajo esa lógica, el Plan B no sólo busca reformar normas, sino reabrir una discusión de fondo sobre para quién trabaja el Estado mexicano y en qué se gasta el dinero público. En esa arena, Sheinbaum ya decidió que no dará la pelea por perdida.