Carroña para golpear

El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México ha detonado una respuesta firme por parte del gobierno federal, que no solo rechaza su diagnóstico, sino que exhibe inconsistencias metodológicas, uso de datos desactualizados y una narrativa que distorsiona la realidad del país.

Lejos de asumir el documento como una evaluación técnica imparcial, el gobierno de México ha señalado que el informe incurre en una práctica cuestionable: mezclar cifras acumuladas durante décadas —particularmente de los periodos del PRI y el PAN— con datos actuales, proyectando una imagen que no distingue entre contextos, responsabilidades ni momentos históricos.

Cifras sin depurar: el centro del conflicto

Uno de los principales puntos de fricción radica en el uso de cifras. El comité de la ONU retoma números globales de personas desaparecidas que superan los 100 mil casos; sin embargo, estas cifras corresponden a un registro histórico acumulado, no a desapariciones ocurridas exclusivamente en el periodo reciente.

Esta presentación es engañosa por varias razones:

• No distingue entre personas ya localizadas y aquellas que continúan desaparecidas.
• Incluye registros duplicados o no actualizados.
• Mezcla desapariciones de sexenios anteriores con las actuales, sin segmentación temporal clara.

Tras procesos de revisión y depuración institucional, las autoridades mexicanas han señalado que el número real de personas no localizadas es significativamente menor al que el informe sugiere, lo que cambia sustancialmente la dimensión del problema cuando se analiza con mayor precisión.

Un informe sin contexto histórico

Otro señalamiento clave es la omisión del contexto en el que se generó gran parte de la crisis. Durante los gobiernos previos —particularmente en el periodo conocido como “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón— se registró un incremento considerable en desapariciones.

El informe:

• No separa responsabilidades por administración
• No contextualiza el origen del fenómeno
• Atribuye implícitamente al presente una crisis que se arrastra desde hace años

Esta falta de segmentación, señalan, termina construyendo una narrativa donde las cifras históricas son utilizadas para evaluar exclusivamente a la administración actual.

Metodología cuestionada

La crítica no se limita a los números. También apunta a la forma en que fueron interpretados:

• El informe no habría incorporado adecuadamente información oficial reciente
• No refleja los procesos de depuración del registro nacional
• Utiliza criterios amplios que pueden clasificar distintos tipos de ausencia bajo una misma categoría

Esto deriva en conclusiones que no corresponden con la evolución real del fenómeno ni con los cambios institucionales implementados en los últimos años.

¿Desaparición de Estado o fenómeno criminal?

El punto más delicado del informe es la insinuación de que las desapariciones en México podrían ser generalizadas o sistemáticas, lo que abre la puerta a interpretaciones de responsabilidad estatal.

El gobierno rechaza esta caracterización y establece una distinción central:

• No existe una política de Estado orientada a la desaparición de personas
• La mayoría de los casos están vinculados al crimen organizado

Desde esta perspectiva, el informe incurre en una generalización que ignora la naturaleza del problema y confunde fenómenos distintos bajo una misma categoría jurídica y política.

Avances omitidos

Otro aspecto señalado es la omisión de avances institucionales relevantes, entre ellos:

• Creación y fortalecimiento de comisiones de búsqueda
• Mecanismos de coordinación nacional
• Procesos de revisión y actualización de registros

El gobierno sostiene que estos elementos no fueron considerados de manera proporcional en el informe, lo que contribuye a una evaluación incompleta.

Más que un diagnóstico, una narrativa

El documento del comité no solo presenta fallas técnicas, sino que construye una narrativa que amplifica el problema sin reconocer sus matices.

El punto central de la crítica es claro: no se puede evaluar la situación actual utilizando cifras acumuladas, sin depuración y sin contexto histórico, ni atribuir responsabilidades homogéneas a periodos distintos.

En ese sentido, el gobierno mexicano no niega la existencia de una crisis, pero sí cuestiona la forma en que esta ha sido presentada: con datos que, al no ser actualizados ni segmentados, terminan ofreciendo una imagen que —según su postura— no corresponde con la realidad actual del país.