Los panistas y la derecha vienen de Santa Anna, de Maximiliano, de Porfirio Díaz

La línea es clara y no es nueva. La derecha mexicana —y en particular el Partido Acción Nacional— no surge en el vacío ni es una expresión aislada del presente: es heredera de una tradición política que, históricamente, ha privilegiado la subordinación frente a intereses externos sobre la defensa plena de la soberanía nacional. Desde quienes respaldaron a Santa Anna en momentos críticos del país, pasando por los conservadores que impulsaron la llegada de Maximiliano, hasta la reivindicación del porfirismo, el hilo conductor es el mismo: una visión de país dependiente.

Así lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum al definir, sin rodeos, lo que considera el trasfondo ideológico de la derecha contemporánea mexicana. No se trata solo de diferencias coyunturales o de estrategia política, sino de dos proyectos de nación profundamente distintos.

De un lado, la crítica presidencial apunta a una derecha que, en el pasado y en el presente, ha favorecido esquemas donde actores externos —particularmente Estados Unidos— tienen injerencia directa en asuntos internos. El señalamiento no es menor: se acusa a sectores del PAN de promover o justificar la participación de agencias extranjeras en operativos dentro del país, una práctica que, de confirmarse, implicaría tensiones directas con el marco legal mexicano y el principio de soberanía.

En ese contexto, la referencia al sexenio de Felipe Calderón no es casual. La estrategia de seguridad de entonces, marcada por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, es presentada como antecedente de una lógica donde la cooperación con Estados Unidos cruzó límites sensibles. La discusión actual, por tanto, no es solo histórica: tiene implicaciones directas en la política de seguridad vigente.

El contraste se establece con lo que el actual gobierno define como su eje rector: cooperación sin subordinación. Bajo esta premisa, la relación con Estados Unidos —incluido el diálogo con el presidente Donald Trump y autoridades diplomáticas— debe mantenerse dentro de cuatro principios: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y coordinación sin dependencia.

La Presidenta cusa a la oposición de sostener un discurso contradictorio: por un lado, exigir Estado de Derecho; por otro, omitir cuestionamientos cuando se trata de posibles violaciones a la legislación nacional en materia de seguridad. En ese punto, las críticas se dirigen incluso a figuras específicas del panismo, como el senador Ricardo Anaya.

El trasfondo económico tampoco queda fuera del debate. La presidenta vincula el origen del PAN con el rechazo a la Expropiación petrolera de 1938, interpretando ese episodio como evidencia de una postura histórica favorable a la permanencia de empresas extranjeras en la explotación de recursos estratégicos del país. A ello se suma la crítica a las políticas de privatización impulsadas en décadas recientes, señaladas como acompañadas de corrupción y debilitamiento del Estado.

Así, el planteamiento central se reduce a una disyuntiva: dos visiones de nación. Una, definida como subordinada, con antecedentes en momentos donde el poder político mexicano se alineó con intereses externos. Otra, que se reivindica como soberanista, centrada en la autonomía del país y en la conducción interna de sus decisiones.

El debate está abierto, pero el encuadre es contundente: más que una confrontación partidista, se trata —según esta lectura— de una disputa histórica sobre el rumbo de México.