El ‘predialazo’, inconstitucional

Un revés a la voracidad de la administración prianista del municipio de Durango encabezada por el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez: La justicia federal resolvió en contra del llamado “predialazo” aplicado para el ejercicio fiscal 2026. Un Juzgado de Distrito concedió el amparo a contribuyentes y declaró inconstitucional el método utilizado por el Ayuntamiento para calcular el impuesto predial, el cual registró incrementos de hasta 180%.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, adscrito al Vigésimo Quinto Circuito, el esquema de cobro presenta fallas en un elemento central del tributo: la base gravable. Este componente define el monto a pagar por cada contribuyente y, según el fallo, carecía de criterios claros y certeza jurídica, lo que derivó en violaciones a principios constitucionales.

El órgano jurisdiccional determinó que, al no existir parámetros objetivos y verificables en el cálculo, el cobro resultó desproporcionado. En consecuencia, se ordenó dejar sin efectos dicho esquema para quienes promovieron el amparo, así como la devolución de las cantidades pagadas, actualizadas conforme a la legislación aplicable.

Este fallo ocurre tras las protestas registradas a inicios de año, cuando ciudadanos manifestaron su inconformidad por los aumentos abusivos en el predial aplicados por la administración de Durango capital encabezada por el alcalde prianista, José Antonio Ochoa Rodríguez.

Las movilizaciones escalaron hasta sesiones de Cabildo, donde se expusieron reclamos directos a autoridades municipales.

La resolución judicial representa el primer pronunciamiento de fondo sobre este tema y valida, en términos legales, las irregularidades señaladas por contribuyentes. Se prevé que otros amparos en trámite puedan resolverse en el mismo sentido, lo que ampliaría los efectos del criterio adoptado por el Poder Judicial.

Además de sus implicaciones inmediatas, la sentencia abre la posibilidad de revisar el modelo de cálculo del impuesto predial en Durango. El caso podría sentar un precedente relevante para futuras impugnaciones y generar presión institucional para ajustar los mecanismos de recaudación bajo parámetros de legalidad y proporcionalidad.