Más claro ni el agua: Los ‘imparciales’ del INE
Sheinbaum exhibió en la mañanera una coincidencia política que merece atención: Juan Carlos Padilla Aguilar, relacionado con los antecedentes laborales de los hermanos Hernández Casillas, forma parte de SOMOS, donde también ocupan posiciones el expresidente del INE Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina. Los antiguos árbitros electorales ahora participan en una organización política que busca competir contra Morena y la 4T.
La política mexicana ofrece una coincidencia que difícilmente puede pasar inadvertida. Algunos de los personajes que durante años ocuparon posiciones de poder dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), institución encargada de organizar y arbitrar las elecciones, hoy comparten espacio político en el partido SOMOS con Juan Carlos Padilla Aguilar, personaje mencionado por el Gobierno federal en la reconstrucción de los antecedentes de la red empresarial investigada por presuntas irregularidades en contratos de materiales electorales.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso el tema sobre la mesa durante la mañanera de este jueves 5 de noviembre. Su mensaje fue directo: «Más claro ni el agua».
La coincidencia que expuso no es menor: Padilla Aguilar aparece en la trayectoria profesional de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, como personajes centrales de una estructura de empresas proveedoras de materiales electorales que lleva décadas participando en contrataciones públicas.
Y ahora, cuatro décadas después de aquellos vínculos laborales, Padilla Aguilar coincide en SOMOS con figuras que tuvieron responsabilidades relevantes en el antiguo INE.
DEL RENAPO Y EL CISEN A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SISTEMA ELECTORAL
La cronología presentada por Raquel Buenrostro permite reconstruir una historia que comienza en los años ochenta.
De acuerdo con la información expuesta en Palacio Nacional, los hermanos Hernández Casillas ingresaron en 1983 a la administración pública federal, en el Registro Nacional de Población (RENAPO), bajo la dirección de Juan Carlos Padilla Aguilar.
José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Padilla Aguilar. Posteriormente, en 1989, ambos llegaron al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN): Padilla ocupó una posición directiva y José Alfredo continuó como su secretario particular, mientras Raymundo se incorporó al área de Investigaciones.
Después de su paso por el servicio público, los hermanos comenzaron a desarrollar empresas y, en 1999, ingresaron al mercado de materiales electorales mediante Cartonera Plástica.
La investigación gubernamental identificó seis compañías relacionadas con los hermanos y sus familiares: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
La hipótesis expuesta por Buenrostro es que algunas de estas compañías habrían participado en licitaciones simulando competencia entre proveedores relacionados. La funcionaria explicó que varias empresas podían presentar propuestas con precios previamente acordados para que una de ellas obtuviera el contrato.
El señalamiento debe ser investigado y probado por las autoridades competentes. Sin embargo, la dimensión económica del caso ya obliga a revisar a fondo las contrataciones electorales.
EL DATO QUE SACUDIÓ LA MAÑANERA: PADILLA AGUILAR Y LOS EXINTEGRANTES DEL INE ESTÁN EN SOMOS
Aquí aparece el elemento político que Sheinbaum puso en el centro de la discusión.
Juan Carlos Padilla Aguilar, mencionado en la reconstrucción de los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, forma parte de SOMOS. En esa misma organización política aparecen tres personajes que ocuparon posiciones relevantes dentro del antiguo INE:
- Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE e integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de SOMOS.
- Marco Antonio Baños, exconsejero electoral y representante suplente del partido ante el INE.
- Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del instituto y titular del Centro de Formación y Profesionalización Política de SOMOS.
No se trata de personajes ajenos a la historia electoral del país. Córdova encabezó el Consejo General del INE de 2014 a 2023; Baños fue integrante del Consejo General y Jacobo ocupó durante años la Secretaría Ejecutiva del organismo.
Hoy, los tres tienen espacios dentro de una organización partidista en la que también participa Padilla Aguilar.
La coincidencia adquiere relevancia porque la reforma electoral de 2014 otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales locales. Durante la presidencia de Córdova se realizaron nombramientos en esas instituciones y, según la exposición gubernamental, distintos organismos locales contrataron reiteradamente a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
La pregunta que ahora debe responderse es qué relaciones existieron entre los actores empresariales, las autoridades electorales y los responsables de las contrataciones.
La pertenencia al mismo partido no demuestra por sí misma complicidad ni responsabilidad penal. Pero sí vuelve pertinente examinar las relaciones, decisiones y posibles conflictos de interés que puedan acreditarse.
LOS ANTIGUOS ÁRBITROS ELECTORALES AHORA ESTÁN EN LA CANCHA PARTIDISTA
SOMOS no surgió en el vacío. La organización tiene entre sus principales dirigentes a Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD, y a Cecilia Soto. Su origen político también está relacionado con el movimiento de la llamada Marea Rosa, que se movilizó en defensa del INE y de otras instituciones durante el sexenio anterior.
Entre sus integrantes y figuras públicas aparecen antiguos funcionarios electorales, exdirigentes partidistas y personajes provenientes de distintas corrientes de oposición.
En su Consejo Consultivo Ciudadano también figura María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización vinculada públicamente con el empresario Claudio X. González. Esta presencia forma parte de un entorno político más amplio que ha cuestionado al movimiento de la 4T; sin embargo, no acredita por sí sola una alianza formal de SOMOS con Claudio X. González.
El propio Guadalupe Acosta Naranjo ha planteado públicamente la construcción de una alternativa opositora y la posibilidad de acuerdos con otras fuerzas políticas bajo determinadas condiciones.
Así, los antiguos funcionarios electorales que durante años ocuparon posiciones desde las cuales se organizaban y vigilaban los procesos democráticos ahora participan en una organización que busca competir electoralmente y construir una alternativa frente al proyecto encabezado por Morena.
Y aquí surge una cuestión fundamental para la vida democrática: ¿cómo se garantiza la confianza ciudadana cuando quienes antes ejercían funciones de autoridad electoral pasan a participar activamente en la vida partidista?
La participación política de los exfuncionarios es un derecho. Lo que merece escrutinio público es la trayectoria de cada uno, sus decisiones institucionales, sus posibles conflictos de interés y la transparencia de sus relaciones.
2 MIL 461 MILLONES DE PESOS Y UNA HISTORIA QUE NO PUEDE QUEDAR EN EL OLVIDO
La investigación presentada por el Gobierno federal también dimensionó el dinero involucrado.
El Órgano Interno de Control del INE reportó que cinco empresas y 13 personas relacionadas obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2024.
La revisión incluye presuntas prácticas de simulación de competencia, relaciones corporativas entre proveedores y posibles acuerdos para manipular los precios en licitaciones.
La historia tampoco comenzó con Guadalupe Taddei. La exposición de Buenrostro recordó que en 1999 los hermanos Hernández Casillas comenzaron a participar en el mercado electoral del Estado de México y que en 2005 otro escándalo relacionado con contratos de ese grupo derivó en la renuncia de siete consejeros electorales locales.
Por eso, la presidenta insiste en que la investigación debe remontarse a los orígenes de la red y revisar las distintas administraciones del sistema electoral.
Lorenzo Córdova ha defendido públicamente su gestión y ha sostenido que las auditorías practicadas durante su presidencia no encontraron irregularidades relevantes. Esa postura también debe formar parte del escrutinio. La revisión de los contratos y las investigaciones correspondientes deberán establecer si hubo responsabilidades administrativas o penales.
LA PREGUNTA QUE QUEDA EN EL AIRE
El asunto va mucho más allá de una disputa entre partidos. Se trata de esclarecer quiénes construyeron una estructura empresarial que habría permanecido durante décadas dentro del mercado de materiales electorales, qué funcionarios tomaron decisiones sobre las contrataciones y si existieron relaciones que comprometieran la imparcialidad o la transparencia de las instituciones.
Y la coincidencia política exhibida por Sheinbaum obliga a poner atención en SOMOS: Juan Carlos Padilla Aguilar comparte organización con Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, tres figuras que tuvieron responsabilidades importantes en el INE.
Los antiguos integrantes del árbitro electoral ahora participan en un partido que busca disputar el poder político. Eso es legal, pero también hace indispensable conocer sus trayectorias y exigir explicaciones sobre las decisiones que tomaron cuando estaban al frente de las instituciones electorales.
La democracia no puede sostenerse únicamente en discursos de imparcialidad: necesita transparencia, rendición de cuentas y explicaciones verificables.
La frase de Sheinbaum resume la coincidencia que hoy está bajo el reflector: «Más claro ni el agua».
Ahora corresponde a las autoridades investigar hasta el fondo, documentar las relaciones y determinar si hubo responsabilidades. Porque los miles de millones de pesos involucrados y la confianza pública en las instituciones electorales merecen una explicación completa.
