Amparo sí, impunidad no

En medio de una oleada de desinformación impulsada por la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara y contundente al explicar en su conferencia mañanera que la nueva Ley de Amparo no elimina derechos ciudadanos ni vulnera la Constitución, sino que busca garantizar justicia expedita y evitar abusos de poder económico frente a la ley.

“Cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse de un acto de autoridad, eso no se modifica”, subrayó la mandataria, rechazando las versiones que intentan instalar la idea de que el Gobierno de México pretende limitar esta garantía.

Tres ejes de la reforma

Sheinbaum detalló que las modificaciones a la Ley de Amparo se concentran en tres puntos esenciales:

Justicia sin dilación. Se reducen los plazos que en el pasado podían extenderse hasta por 20 años debido a amparos interminables. La reforma busca evitar que la justicia se convierta en un mecanismo de impunidad por exceso de burocracia.
Blindaje contra el lavado de dinero. Hasta ahora, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelaba cuentas vinculadas a presunto lavado, los jueces solían conceder suspensiones inmediatas que permitían vaciar los recursos. Con la reforma, las cuentas permanecen congeladas mientras se resuelve el juicio de amparo, cerrando una puerta de escape al crimen financiero.
Cierre al abuso fiscal. En materia tributaria, algunos privados prolongaban juicios de amparo hasta 30 años, amparándose una y otra vez incluso después de resoluciones de la Corte. La nueva ley establece que, si se solicita suspensión, debe garantizarse el monto que se adeuda al fisco, evitando el saqueo al erario.

La Constitución, intocable

La presidenta enfatizó que la reforma no altera en ningún punto el texto constitucional: “La Constitución no se modifica, lo que se busca es una justicia más pronta y más eficaz”.

El debate sobre la Ley de Amparo ha sido usado por la oposición para sembrar miedo y desinformación, sin embargo, los cambios responden a un principio fundamental: cerrar los privilegios legales que por décadas beneficiaron a corruptos, evasores fiscales y grandes empresarios que utilizaban los amparos como escudo contra la justicia.

Con esta reforma, el gobierno busca equilibrar la balanza: el amparo sigue siendo un derecho para todos los mexicanos, pero deja de ser un arma de los poderosos para burlar la ley.