Adiós a las pensiones millonarias

Hay quienes perciben 1 millón al mes; tope será de 70 mil pesos
Nacional18/02/2026Espacio Libre MéxicoEspacio Libre México
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará el próximo lunes al Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer un tope a las pensiones de altos mandos de confianza en entidades públicas. La propuesta apunta directamente a jubilaciones consideradas onerosas que, en algunos casos, alcanzan hasta un millón de pesos mensuales.

El proyecto plantea que las pensiones de ex funcionarios de alto nivel no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración de la titular del Ejecutivo federal, lo que equivaldría a un máximo cercano a 70 mil pesos mensuales. De aprobarse, el gobierno estima un ahorro de aproximadamente cinco mil millones de pesos, recursos que serían redirigidos a programas sociales.

La reforma alcanzaría a empresas públicas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. No incluiría, sin embargo, las pensiones de ministros ni aquellas contempladas en condiciones generales de trabajo o contratos colectivos.

El enfoque, según explicó la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, responde a tres principios: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera. La medida busca cerrar la brecha entre las pensiones privilegiadas y la realidad económica del país, donde millones de jubilados sobreviven con montos considerablemente menores.

La presidenta ha sido enfática en el contraste. Mientras algunos ex funcionarios perciben pensiones de hasta un millón de pesos mensuales por trayectorias de dos décadas, señaló que ella misma, al concluir su gestión y retirarse con su jubilación del Issste, podría recibir alrededor de 30 mil pesos al mes, una cifra que calificó como “digna” frente al ingreso promedio de la población.

El diagnóstico presentado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ilustra la magnitud del fenómeno. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, más de 14 mil jubilados representan un costo anual superior a los 28 mil millones de pesos; de ellos, más de nueve mil perciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales desde hace más de una década.

En Petróleos Mexicanos, al menos 544 pensionados reciben montos superiores al salario de la presidenta, con un impacto anual cercano a los mil 827 millones de pesos. En Comisión Federal de Electricidad, más de dos mil jubilados superan también esas percepciones, generando un gasto de cuatro mil 496 millones de pesos al año.

El patrón se repite en la banca de desarrollo: jubilaciones por encima de las remuneraciones del Ejecutivo federal en instituciones como Nafin, Banobras y Bancomext. En conjunto, estos esquemas han permitido que algunos pensionados perciban hasta 39 veces el promedio nacional.

El contraste se agudiza al compararlo con los sistemas generales de retiro. Más de 45 mil casos superan el monto máximo de pensión del Issste y más de ocho mil exceden el límite más alto del IMSS, evidenciando una estructura desigual dentro del propio aparato estatal.

La iniciativa, subrayó la mandataria, no será retroactiva. Quienes actualmente perciben pensiones elevadas no perderán lo ya devengado, pero sí se ajustarían los montos hacia adelante en caso de aprobarse la reforma.

El debate que se anticipa en el Senado no será menor. La propuesta toca fibras históricas del servicio público: la relación entre privilegio y responsabilidad, el uso de recursos públicos y la legitimidad de los beneficios heredados de antiguas estructuras administrativas.

Más allá del discurso político, el fondo de la discusión es financiero y ético: ¿puede un Estado que promueve austeridad sostener pensiones millonarias para ex funcionarios mientras la mayoría de los jubilados apenas alcanza para subsistir? La reforma pretende responder a esa pregunta con un nuevo límite constitucional.

De aprobarse, marcaría un giro simbólico y operativo en la lógica del retiro dentro del sector público: pasar de las pensiones de élite a un modelo alineado con el principio de “pensiones sin privilegios”. El Congreso tendrá la última palabra.

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