
Arrincona Sheinbaum a Maru Campos: O fue la Fiscalía o fue el gobierno de Chihuahua
Espacio Libre MéxicoLa presidenta Claudia Sheinbaum arrinconó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante el caso de la intromisión ilegal de agentes de la CIA en tareas de seguridad: “O fue la Fiscalía o fue el gobierno de Chihuahua…” quien autorizó dicha intervención que viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. No se requieren tantas unidades de investigación.
En la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura directa frente al caso de la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad en Chihuahua, al señalar que la autorización de dicha intervención solo pudo provenir de autoridades estatales.
Durante su intervención, la mandataria planteó que la responsabilidad recae necesariamente en una instancia local: la Fiscalía estatal o el propio gobierno de Chihuahua. En ese sentido, sostuvo que no existe un margen amplio de interpretación sobre el origen de la decisión, al tratarse de una acción que, de confirmarse, implicaría la colaboración con personal extranjero sin apego a los procedimientos establecidos en la legislación mexicana.
Sheinbaum explicó que el tema fue abordado previamente en una reunión entre la gobernadora de Chihuahua y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. En ese encuentro, se habría advertido que el gobierno federal no tenía conocimiento de la operación y que no se siguieron los canales formales requeridos por la Ley de Seguridad Nacional ni por la Constitución.
Según lo expuesto, la gobernadora se comprometió a avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Posteriormente, anunció la creación de una unidad de investigación para determinar lo ocurrido. No obstante, la presidenta cuestionó la necesidad de ampliar las indagatorias a múltiples líneas, al considerar que el origen de la autorización es acotado.
La mandataria reiteró que, en casos de colaboración con actores extranjeros en materia de seguridad, las reglas son claras y deben cumplirse estrictamente, particularmente en lo relativo a la notificación y coordinación con el gobierno federal.
Finalmente, señaló que se mantendrá a la espera de la postura oficial de la gobernadora, así como de los resultados de las investigaciones anunciadas, en un contexto donde el caso abre cuestionamientos sobre el respeto a los marcos legales en operaciones de seguridad y la coordinación entre niveles de gobierno.






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