Sheinbaum pone límite a EE.UU.: cooperación sí, subordinación jamás

Mientras la conversación pública gira alrededor del narcotráfico, extradiciones y acusaciones mediáticas, hay una pregunta mucho más profunda que México debería hacerse: ¿Hasta dónde llega la cooperación con Estados Unidos y en qué momento comienza la intervención?

La reciente acusación de Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, volvió a encender el debate. Sin embargo, entre el ruido político y los titulares espectaculares, hay un detalle fundamental que muchos prefieren ignorar: acusar no significa probar.

La respuesta del gobierno mexicano fue clara desde el inicio. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura con una frase que, para algunos sectores en Washington, resultó incómoda: “Sin pruebas no puedo actuar”.

Más allá de simpatías políticas, la declaración marca una línea importante en términos de soberanía. Un Estado no puede actuar a partir de filtraciones, presiones mediáticas o intereses externos. Debe hacerlo con pruebas, debido proceso y fundamento legal.

El mensaje de fondo fue contundente: cooperación sí, subordinación no.

Sin embargo, mientras Estados Unidos exige acciones inmediatas y endurece el discurso contra México, otro hecho encendió las alarmas: la participación de agentes vinculados a la CIA en un operativo en Chihuahua donde hubo pérdidas humanas, presuntamente sin autorización formal del gobierno federal mexicano.

El tema no es menor. Porque la discusión ya no gira únicamente en torno al combate al crimen organizado, sino alrededor de los límites de la presencia e influencia de agencias extranjeras dentro del territorio nacional.

Y es ahí donde el antecedente histórico resulta imposible de ignorar.

La CIA no tiene precisamente un historial limpio.

Guatemala, 1954: golpe contra Jacobo Árbenz tras políticas que afectaban intereses económicos estadounidenses.

Cuba, 1961: Bahía de Cochinos y el intento fallido de invasión para derrocar al gobierno revolucionario.

Chile, 1973: operaciones encubiertas, financiamiento y presión política antes del golpe militar contra Salvador Allende.

Y la lista continúa.

Irak.

Libia.

Afganistán.

Países donde Estados Unidos justificó su intervención bajo discursos de “democracia”, “seguridad” o “liberación”, pero cuyos resultados terminaron siendo guerras prolongadas, violencia, colapso institucional y millones de personas afectadas.

Por eso, en América Latina, cada vez que Washington habla de “ayuda” o “cooperación”, inevitablemente aparecen las dudas.

Porque históricamente, donde Estados Unidos ha intervenido de forma directa o indirecta, rara vez deja estabilidad. Lo que suele dejar son gobiernos debilitados, dependencia económica, polarización y crisis sociales profundas.

En ese contexto, resulta válido preguntarse si el verdadero interés de Washington es combatir el narcotráfico o ampliar su capacidad de presión geopolítica sobre México.

Porque si el combate a las drogas fuera realmente la prioridad absoluta, Estados Unidos tendría que comenzar por atender factores internos que alimentan el problema: el enorme mercado de consumo estadounidense, el lavado de dinero dentro de su sistema financiero y el tráfico de armas que cruza diariamente hacia territorio mexicano.

Reducir el fenómeno del narcotráfico exclusivamente a los cárteles mexicanos resulta políticamente conveniente, pero profundamente incompleto.

Y aquí aparece otra dimensión del conflicto.

México no solo representa un desafío en materia de seguridad. También es un país estratégico por sus recursos naturales y su posición económica.

Petróleo, litio, tierras raras, corredores comerciales, ya que la bicación geográfica es clave para América del Norte.

En un contexto global de disputa económica y tecnológica, esos recursos tienen un valor enorme.

Por eso la presión política, mediática y diplomática adquiere otra lectura. La exigencia de abrir mercados, flexibilizar controles y reducir barreras económicas no ocurre en el vacío. Forma parte de una disputa de poder mucho más amplia.

En ese escenario, la postura de Claudia Sheinbaum adquiere relevancia política. No necesariamente por confrontación, sino porque establece un límite institucional: las decisiones del Estado mexicano no pueden depender únicamente de las prioridades de Washington.

El debate de fondo no es si debe existir cooperación bilateral. Evidentemente debe existir. El crimen organizado es un problema transnacional. Pero cooperación no puede convertirse en intervención, ni seguridad puede utilizarse como argumento para debilitar la soberanía nacional.

La historia demuestra que cuando las grandes potencias intervienen bajo la promesa de “ayuda”, casi siempre existen intereses estratégicos detrás.

Y América Latina aprendió hace tiempo que las consecuencias suelen pagarse durante décadas.