Norma Piña y sus secuaces no se quieren ir sin dejarle más ‘regalitos’ nefastos a los mexicanos

Como si su legado de protección a élites corruptas, obstrucción de reformas populares y blindaje a intereses empresariales no fuera suficiente, los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por Norma Piña, decidieron alargar su estadía para dejar una última tanda de resoluciones que huelen más a favores políticos que a justicia. A través de una sesión extraordinaria —convenientemente convocada antes del cierre de su mandato—, la Corte pretende resolver temas electorales e impugnaciones… otra vez, a espaldas del pueblo.

La ministra presidenta Norma Piña Hernández anunció que, aunque la última sesión oficial del Pleno estaba programada para el 12 de agosto, habrá una “sesión extraordinaria” el 19 de agosto que podría extenderse hasta el 28. ¿El motivo? Resolver asuntos electorales “pendientes”, aunque entre líneas parece más bien un movimiento estratégico para dejar sentencias definitorias antes del cambio de administración judicial.

Esta decisión no se da en el vacío. El contexto es claro: la Corte se encuentra bajo una nube de cuestionamientos por su parcialidad en temas fiscales, legislativos y electorales. En los últimos años, ha echado abajo leyes aprobadas por el Congreso, protegido grandes evasores fiscales y dictado sentencias favorables a intereses empresariales y políticos contrarios a la voluntad popular.

El Pleno actúa con prisa… y con sesgo

Durante sus últimas sesiones, los ministros de la SCJN desecharon de manera exprés 138 recursos de inconformidad relacionados con la designación de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una decisión que deja un fuerte tufo de opacidad y alineación institucional.

Más allá del número, lo alarmante es la celeridad con la que se resolvieron casos complejos: sin discusión pública, sin deliberaciones profundas y en un contexto de creciente desconfianza hacia la legitimidad de las instituciones electorales. ¿Cuál fue el criterio? ¿A quién sirve esta premura?

Además, el Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 212/2023, invalidando disposiciones del Código Electoral de Coahuila, y dejó pendientes los proyectos de la ministra Loretta Ortiz sobre acciones clave contra la reforma judicial en Yucatán. Decisiones importantes que, por “lo avanzado de la hora”, simplemente se dejaron en pausa, como si la justicia tuviera horario de oficina cuando conviene.

Un legado de regresión institucional

La historia reciente de la SCJN bajo la presidencia de Norma Piña está marcada por una desconexión con las demandas ciudadanas. Más allá de la retórica de independencia judicial, su administración será recordada por:

Rechazar reformas progresistas impulsadas por el Legislativo y respaldadas por mayoría ciudadana.
Brindar cobijo legal a personajes con historial de corrupción o vínculos turbios con el poder económico.
Actuar como muro de contención ante cualquier intento de transformación estructural del sistema de justicia.
Y ahora, en lugar de cerrar su ciclo con dignidad institucional, la ministra presidenta convoca sesiones a destiempo para resolver, entre sombras.

Lejos de despedirse con una actitud institucional y respetuosa de los tiempos democráticos, Norma Piña y su equipo parecen decididos a dejar sembradas bombas legales antes de salir. Y aunque traten de disfrazarlo de “sesiones extraordinarias”, lo que queda al descubierto es una Corte que opera bajo lógica política, no jurídica. Una Corte que, en lugar de avanzar hacia la justicia, da un último empujón hacia la desconfianza.