‘Predialazo’ en Durango: asalto legalizado del PRIAN enciende rebelión ciudadana

Durango capital amaneció en enero de 2026 con una sorpresa amarga para miles de familias: un incremento masivo, desproporcionado y en muchos casos superior al 100% en el impuesto predial, decretado por el gobierno municipal encabezado por el alcalde panista José Antonio Ochoa Rodríguez. Lo que debía ser un trámite rutinario se convirtió en detonante de una rebelión social que hoy crece en calles y redes sociales.

Desde los primeros días de recaudación, contribuyentes se toparon en las ventanillas recaudadoras con cobros estratosféricos. La explicación oficial, repetida mecánicamente por empleados municipales, fue una supuesta “actualización de valores catastrales”. Sin embargo, esa justificación no resiste el menor análisis legal ni técnico.

De acuerdo con la legislación vigente, los aumentos al predial solo pueden ajustarse conforme a la inflación del año previo, que según el Banco de México fue de 3.8% anualizado. Cualquier incremento que rebase ese margen es ilegal, aun cuando se disfrace bajo el eufemismo administrativo de “actualización catastral”. Lo ocurrido en Durango —alzas del 40, 50, 100 y hasta 1000%— no es una actualización: es un abuso de autoridad.

Del cobro al saqueo

Los testimonios ciudadanos revelan la dimensión del atropello. Personas que durante años pagaron entre 300 y 400 pesos hoy enfrentan recibos de casi 5 mil. Otros pasaron de 3 mil a casi 15 mil pesos. Y todo ello sin que la ciudad muestre mejoras: calles llenas de baches, áreas verdes abandonadas, basura acumulada y servicios públicos deficientes.

“No tendría problema en pagar si se viera reflejado en la ciudad”, reclama una ciudadana que pagó 40% más. Otro testimonio resume el sentir colectivo: “Es un robo para el ciudadano; el municipio está quebrado y quieren seguir jodiendo al pueblo”.

La indignación no es aislada ni marginal. Es masiva. Redes sociales se han convertido en un muro de denuncia pública donde los duranguenses exhiben recibos, comparan cobros y lanzan una consigna que se repite una y otra vez: no pagar.

El llamado al no pago

“Que nadie pague”, “no pagar es la estrategia”, “presión hasta que regularicen el incremento”, “marcha pacífica”, “este año no pagaré”. El llamado al no pago del predial se extiende como una forma de resistencia civil frente a lo que muchos ya califican como un asalto legalizado.

Algunos ciudadanos van más allá y señalan el trasfondo político: la necesidad de recursos para proyectos personales, campañas futuras o para tapar un gobierno municipal financieramente quebrado. “Se están preparando para la candidatura a la gubernatura”, ironiza un comentario que, lejos de ser aislado, refleja una desconfianza profunda hacia la administración panista.

PRIAN: cobrar mucho, gobernar poco

El “predialazo” de Durango desnuda el viejo modelo del PRIAN: cobrarle más al pueblo para compensar su incapacidad de gobernar. No hay planeación, no hay eficiencia recaudatoria progresiva, no hay combate real a la evasión de los grandes deudores. Lo fácil es meter la mano al bolsillo del ciudadano cumplido, ese que paga aunque la ciudad esté peor.

Hoy Durango capital vive una crisis de legitimidad municipal. El problema ya no es solo el monto del predial, sino la ruptura de confianza entre gobierno y ciudadanía. Cuando el impuesto se percibe como robo y no como contribución, el contrato social se rompe.

La pregunta ya no es si el incremento fue excesivo —lo fue—, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno Municipal frente a una ciudadanía que empieza a organizarse y a decir basta. Porque cuando el abuso se normaliza, la protesta se vuelve inevitable. Y en Durango, esa protesta ya comenzó.