Sheinbaum: Ningún contrato público a Salinas Pliego

Durante décadas, en México existió una práctica que parecía normal: grandes corporaciones que obtenían millonarios contratos con el gobierno mientras mantenían litigios interminables para evitar el pago de impuestos. Ese modelo de privilegios es precisamente el que la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que busca terminar.

En su conferencia matutina, la mandataria anunció que instruirá una revisión para verificar si alguna empresa vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego mantiene contratos vigentes con dependencias del Gobierno de México, particularmente con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El objetivo, explicó, es claro: ninguna empresa que mantenga adeudos fiscales con el Estado mexicano debería seguir beneficiándose de recursos públicos mientras no regularice completamente su situación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La instrucción presidencial fue directa.

"Vamos a pedirle a Raquel Buenrostro que haga la investigación, además del informe de Zoé... hasta que no pague todas las deudas que tiene con el SAT no pueden venir otros contratos."

Con ello, el gobierno federal abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la responsabilidad fiscal de las grandes empresas y el destino de los recursos públicos.

El mensaje político

Más allá del caso específico de Ricardo Salinas Pliego, el anuncio representa un mensaje dirigido a todos los grandes contribuyentes.

Durante muchos años, diversos grupos empresariales lograron prolongar durante años —e incluso décadas— litigios fiscales mediante amparos, recursos legales y procedimientos judiciales que retrasaban el pago de impuestos.

Mientras miles de pequeñas y medianas empresas, trabajadores independientes y millones de contribuyentes cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, algunos de los conglomerados económicos más poderosos del país han sostenido controversias millonarias con la autoridad hacendaria.

La posición del actual gobierno consiste en que esa etapa de privilegios debe concluir.

Dinero público para quienes cumplen

El planteamiento presidencial parte de un principio sencillo: quien recibe recursos provenientes del erario también debe cumplir plenamente con sus obligaciones tributarias.

En términos prácticos, el Gobierno de México busca revisar si existe alguna relación contractual vigente entre instituciones públicas y empresas pertenecientes al Grupo Salinas.

Si la investigación confirma la existencia de contratos, las autoridades analizarán su situación conforme al marco jurídico aplicable y a la política anunciada por la Presidencia.

La revisión estará encabezada por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien deberá informar sobre cualquier contratación existente.

El fondo del conflicto

La disputa entre el SAT y las empresas de Ricardo Salinas Pliego no es nueva.

Desde hace varios años, distintas controversias fiscales se encuentran en tribunales, derivadas de créditos fiscales que las autoridades consideran exigibles y que las empresas del grupo han impugnado por diversas vías legales.

Mientras el empresario sostiene públicamente que los cobros son indebidos y forman parte de una persecución política, el Gobierno federal afirma que se trata simplemente del cumplimiento de la ley y de la obligación constitucional de contribuir al gasto público.

La diferencia es sustancial.

No se discute únicamente una cantidad de dinero, sino el principio de igualdad ante la ley.

Si cualquier ciudadano debe pagar impuestos, la pregunta que plantea el gobierno es por qué uno de los empresarios más ricos del país debería recibir un trato distinto.

Fin a los privilegios

La administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado que la política de combate a la evasión fiscal continuará siendo una prioridad.

Durante los últimos años, la recaudación tributaria ha aumentado de manera importante sin necesidad de crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas existentes, principalmente mediante acciones para reducir la evasión, combatir esquemas de elusión fiscal y fortalecer el cobro a grandes contribuyentes.

En ese contexto, impedir que empresas con adeudos fiscales continúen celebrando nuevos contratos con el gobierno es presentado como una medida de congruencia administrativa.

No se trata únicamente de recaudar más recursos.

Se trata de establecer que el acceso al dinero público debe ir acompañado del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Una nueva relación entre poder económico y Estado

Durante décadas, la cercanía entre grandes grupos empresariales y distintos gobiernos permitió que algunos intereses privados acumularan contratos, concesiones y beneficios mientras sostenían disputas fiscales de enorme magnitud.

La postura expresada por la presidenta busca romper con esa lógica.

El mensaje enviado desde Palacio Nacional es que el gobierno no pretende convertirse en cliente de empresas que mantienen adeudos fiscales pendientes con el Estado mexicano.

La investigación anunciada permitirá conocer si actualmente existen contratos vigentes y, en su caso, determinar las acciones correspondientes conforme a la ley.

La discusión apenas comienza

El anuncio seguramente abrirá un nuevo debate entre quienes consideran que la medida fortalece el principio de legalidad y quienes sostienen que podría interpretarse como una presión política sobre un empresario que mantiene una confrontación pública con el gobierno.

Lo cierto es que la discusión de fondo trasciende a un solo personaje.

La pregunta es sencilla:

¿Puede una empresa seguir obteniendo contratos financiados con recursos públicos mientras mantiene multimillonarios litigios para no pagar impuestos?

La respuesta del Gobierno de México parece ser cada vez más contundente: primero cumplir con el SAT; después, si corresponde y conforme a la ley, participar nuevamente en las contrataciones públicas.