SEDATU congela caso: 40 años de abandono

Acusan omisión de la SEDATU en Durango y piden la intervención urgente de la secretaria Edna Elena Vega Rangel para poner fin a cuatro décadas de incumplimiento

Hay injusticias que duran meses. Otras, algunos años. Pero existen casos tan graves que terminan convirtiéndose en un retrato del abandono institucional.

Lo que ocurre con los ejidatarios de Las Mangas, en el municipio de San Dimas, Durango, pertenece a esa última categoría.

Han transcurrido 40 años desde que el Gobierno de México emitió una resolución presidencial que les otorgó legalmente 407 hectáreas de terreno forestal. Sin embargo, nunca pudieron tomar posesión de esas tierras.

Hoy, de los 79 ejidatarios que fueron reconocidos como beneficiarios en 1985, solamente sobreviven alrededor de 30.

Los demás murieron esperando justicia.

Una resolución presidencial que nunca se cumplió

El 2 de julio de 1985, el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado firmó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución correspondiente a la tercera ampliación del ejido Las Mangas.

El decreto beneficiaba a 79 ejidatarios con 407 hectáreas de vocación forestal, una superficie con un importante potencial productivo, cuya explotación maderera se estimaba en cerca de un millón de pies de madera al año.

Pero aquella resolución quedó únicamente en el papel.

De acuerdo con los representantes de los afectados, Ramiro Alvarado Vázquez y Alfonso Alvarado Vázquez, el comisariado ejidal se negó durante décadas a entregar las tierras, desacatando una resolución emitida por el propio Ejecutivo Federal.

El Gobierno reconoció que no podía ejecutar su propia resolución

Tras años de litigios, las propias autoridades terminaron reconociendo lo que para los ejidatarios era evidente: la resolución presidencial ya no podía ejecutarse.

Las instancias correspondientes emitieron un dictamen de inejecutabilidad, figura jurídica que abre la puerta para que los afectados sean indemnizados conforme a la ley, mediante el avalúo correspondiente.

Es decir, el propio gobierno mexicano reconoció que no podía entregar las tierras que había otorgado.

Pero tampoco ha pagado la indemnización.

La promesa de la SEDATU que nunca llegó

En 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) planteó una salida.

Propuso incorporar a los afectados al Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA), mecanismo federal diseñado precisamente para resolver conflictos donde ya no es posible restituir la posesión de las tierras y procede una compensación económica.

Sin embargo, para acceder al programa, la dependencia les pidió retirar la demanda judicial.

Los ejidatarios aceptaron.

Confiaron en la palabra del gobierno.

Renunciaron a continuar el litigio.

Pero la indemnización jamás llegó.

"Nos hicieron desistir... y después nos abandonaron"

Los afectados sostienen que cumplieron todos los requisitos exigidos por la autoridad.

Retiraron las acciones legales, entregaron la documentación requerida y esperaron el procedimiento administrativo.

Han pasado varios años.

Nada ocurrió.

Afirman que actualmente no existe ningún impedimento jurídico para realizar el pago correspondiente y recuerdan que el PADCA contempla recursos federales destinados precisamente a resolver este tipo de conflictos.

Entonces surge la pregunta inevitable:

¿Por qué el caso sigue congelado?

Señalan omisión de la delegación de SEDATU en Durango

Los ejidatarios responsabilizan directamente a la representación estatal de la SEDATU, encabezada por Francisco Santillán de la Torre.

Aseguran que la dependencia ha sido omisa, que no ha mostrado voluntad para resolver el conflicto y que incluso ha ignorado reiteradas solicitudes de audiencia.

Mientras tanto, el tiempo sigue pasando.

Y con él desaparecen los beneficiarios originales.

Cada año que transcurre significa un nuevo ejidatario que fallece sin haber recibido lo que legalmente le corresponde.

Espacio Libre México tuvo acceso a la documentación

Los afectados entregaron a Espacio Libre México copias de la documentación que respalda sus señalamientos.

Entre ella se encuentra la Resolución Presidencial publicada el 2 de julio de 1985, el dictamen de inejecutabilidad emitido en 2023 y diversos oficios emitidos por autoridades jurisdiccionales que acreditan el estado actual del procedimiento.

Los documentos muestran que el conflicto no es una simple inconformidad.

Existe un expediente administrativo y jurídico que permanece sin solución.

Un llamado urgente a la titular nacional de la SEDATU

Ante la falta de respuestas en Durango, los ejidatarios han decidido solicitar directamente la intervención de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, así como de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.

Piden una audiencia para exponer personalmente un caso que, afirman, lleva cuatro décadas sin resolverse.

No solicitan privilegios.

No exigen favores.

Exigen que el Estado mexicano cumpla una resolución que él mismo emitió o, en su defecto, que otorgue la indemnización prevista por la ley.

Porque después de 40 años de espera, la pregunta ya no es por qué no se ha cumplido una resolución presidencial.

La verdadera pregunta es:

¿Cuántos ejidatarios más tendrán que morir antes de que llegue la justicia?