Sheinbaum presenta Plan B de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a poner sobre la mesa una discusión que incomoda a los defensores del viejo régimen: el costo excesivo de la política en México. Con el llamado Plan B de la reforma electoral, el gobierno federal insiste en abrir un nuevo frente contra los privilegios enquistados en organismos electorales, partidos políticos, congresos locales y ayuntamientos, bajo una premisa que conecta con el sentir popular: menos derroche, menos élites doradas y más participación ciudadana.

La propuesta, que será enviada al Senado, no es un simple ajuste técnico ni una reforma menor. Se trata de un nuevo intento por corregir varios de los abusos que durante años se normalizaron al amparo de la burocracia electoral y del sistema de partidos. Sheinbaum fue clara: el objetivo es que ya no existan estructuras públicas sobredimensionadas, sueldos insultantes ni recursos públicos manejados con opacidad mientras millones de mexicanos exigen gobiernos más austeros, más eficaces y más cercanos a la gente.

Topes al gasto, freno a los excesos

Entre los puntos más relevantes del Plan B destaca el establecimiento de topes presupuestales para los congresos locales, que no podrán rebasar el equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal. Aquellos que estén por debajo solo podrán crecer en términos reales, mientras que los que estén por arriba tendrán que ajustarse. La señal es clara: se acabó la lógica de convertir los congresos en oficinas de privilegio financiadas sin límite por el erario.

A ello se suma la reducción de 15 por ciento al gasto del Senado, una medida que busca enviar un mensaje político contundente en tiempos donde la ciudadanía exige congruencia entre el discurso de austeridad y la práctica institucional.

En el mismo sentido, la reforma propone poner límites al número de regidores en los cabildos, estableciendo un máximo de 15, cuando actualmente en algunos municipios existen hasta 25. Sheinbaum calificó ese esquema como un exceso injustificable. El nuevo planteamiento busca que el número de regidores se defina según el tamaño de la población, en una escala de siete a 15, evitando estructuras infladas que muchas veces solo sirven para repartir cuotas políticas y salarios a costa del dinero público.

Nadie por encima de la Presidenta

Uno de los ejes más llamativos del Plan B es el recorte a los privilegios salariales. La iniciativa plantea que ningún consejero electoral, magistrado, dirigente partidista, servidor público o funcionario vinculado al aparato electoral pueda ganar más que la Presidenta de la República. Además, se pretende cerrar la puerta a bonos, seguros médicos privados y todo tipo de compensaciones que históricamente han operado como una vía paralela de enriquecimiento dentro del servicio público.

La lógica detrás de esta medida es profundamente política y simbólica: en un país marcado por la desigualdad, resulta cada vez más difícil justificar que quienes administran elecciones o dirigen partidos disfruten de ingresos y beneficios que ofenden al ciudadano común.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lo resumió con una frase de fuerte carga ideológica: “No puede ser gobierno rico con pueblo pobre”. Y esa es precisamente la tesis que articula toda la propuesta presidencial.

Partidos bajo lupa y fiscalización real

Otro de los puntos centrales del Plan B apunta a la transparencia total de los recursos que reciben los partidos políticos. El gobierno busca que se conozca con claridad el origen y destino del dinero, y que exista una fiscalización más severa para impedir desvíos de recursos públicos o el ingreso de dinero ilícito a la actividad partidista.

Sheinbaum subrayó que, si el INE lo solicita, incluso podría intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos y detectar irregularidades. No se trata de un detalle menor: durante años, el financiamiento partidista ha sido uno de los espacios más opacos, donde convivieron el exceso, la discrecionalidad y los mecanismos de simulación.

La intención del Ejecutivo es que ningún dirigente partidista pueda usar el dinero público como caja chica ni convertir las prerrogativas en privilegios personales.

Más participación ciudadana

Lejos de limitarse al tema presupuestal, la reforma también toca uno de los instrumentos más relevantes de la democracia participativa: la revocación de mandato. El Plan B propone que este ejercicio se realice el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto, como está planteado actualmente.

El cambio no es menor. Adelantar la posibilidad de revocación abre la puerta a una ciudadanía con mayor capacidad de evaluar a sus gobernantes a mitad del sexenio, sin tener que esperar a una etapa más tardía. Además, se establece que este mecanismo pueda aplicarse en 2027 o 2028, según el criterio que se determine para las futuras presidencias.

La reforma también contempla que el cómputo de la elección federal comience con la llegada del primer paquete electoral, una modificación orientada a agilizar procesos y reducir tiempos de incertidumbre postelectoral.

Elección judicial en 2027

En cuanto a la elección del Poder Judicial, Sheinbaum informó que tomó la decisión de mantenerla en 2027, con el propósito de aprovechar ese proceso y hacer los ajustes necesarios de una sola vez. La propuesta incluye modificaciones para que haya menos candidatos en las boletas y para que las comisiones encargadas de presentar candidaturas desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial realicen una revisión más estricta de los perfiles.

La apuesta es ordenar el proceso, hacerlo más comprensible para la ciudadanía y evitar que la complejidad del modelo termine debilitando su legitimidad.

La austeridad como eje de la reforma

En el fondo, el Plan B representa algo más que una corrección legislativa. Es la reafirmación de una línea política que la Cuarta Transformación ha colocado como bandera: la austeridad republicana como principio rector del poder público.

La iniciativa presidencial, según explicó Rosa Icela Rodríguez, contempla modificaciones a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a cinco artículos de la Ley General de Partidos Políticos, con el propósito de reducir costos, terminar con excesos y reorientar recursos hacia necesidades sociales e infraestructura municipal.

El mensaje del gobierno es contundente: los recursos públicos deben servir al pueblo, no a una clase política acostumbrada a vivir del presupuesto.

La batalla que sigue

Claudia Sheinbaum también dejó en claro que no piensa soltar este debate. Dijo que seguirá insistiendo en que el INE reduzca su presupuesto, en que los partidos dejen de recibir tantos recursos y en que se revise a fondo el tema de los plurinominales. Es decir, el Plan B no es el cierre de la discusión, sino apenas una nueva etapa de una confrontación política de fondo: la que enfrenta a quienes quieren preservar los privilegios del sistema con quienes buscan desmontarlos.

En un momento en que buena parte de la población rechaza los abusos del poder, la propuesta presidencial apunta a conectar con una demanda que crece desde abajo: que la democracia deje de ser un negocio costoso para unos cuantos y se convierta en un ejercicio más austero, más transparente y más cercano a la ciudadanía.

Porque al final, de eso se trata el nuevo empuje reformista de Sheinbaum: menos privilegios para la clase política y más poder para el pueblo.