
Zedillo cobra pensión de $1.8 millones al año
Aunque durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se eliminaron las pensiones vitalicias para los expresidentes de México, el exmandatario priista Ernesto Zedillo Ponce de León -el autor del Fobaproa, el más grande saqueo en la historia del país- continúa recibiendo una remuneración mensual de 149 mil 203 pesos por concepto de pensión, 1.8 millones de pesos al año, de acuerdo una investigación de la periodista Nancy Flores de Contralínea.
Se trata de un pago que, de mantenerse durante todo 2026 en ese monto, representaría cerca de 1 millón 790 mil 436 pesos anuales, recursos cuya procedencia y fundamento legal forman parte de la discusión sobre las pensiones de antiguos funcionarios públicos.
El tema vuelve a colocarse en la agenda nacional luego de que la propia periodista en la mañanera de hoy inquirió sobre el particular a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció que su gobierno revisará las pensiones que reciben exgobernadores y otros exfuncionarios del Banco de México (Banxico), entre ellos Guillermo Ortiz y el propio Ernesto Zedillo.
SHEINBAUM QUIERE SABER QUIÉNES COBRAN Y CUÁNTO RECIBEN
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que buscará transparentar los nombres de los exfuncionarios que actualmente reciben estas remuneraciones, así como los montos que representan para las finanzas públicas.
Sheinbaum señaló que la autonomía del Banco de México y los amparos promovidos por algunos de sus funcionarios han permitido que determinadas remuneraciones no necesariamente estén sujetas a los límites salariales establecidos en la Constitución.
La presidenta reconoció que estos pagos pueden contar con un fundamento legal, pero cuestionó su justificación desde una perspectiva de equidad y responsabilidad en el uso de los recursos.
“Puede ser legal, pero no muy justo que digamos”, expresó.
Además, dejó abierta la posibilidad de revisar la continuidad de estas prestaciones.
“Y en todo caso, pues habría que ver si seguimos con esas pensiones o no”, afirmó.
EL CASO ZEDILLO Y LA HERENCIA DEL FOBAPROA
La discusión adquiere una dimensión política particular en el caso de Ernesto Zedillo, quien gobernó México entre 1994 y 2000, durante uno de los periodos de mayor crisis financiera en la historia reciente del país.
Su administración estuvo marcada por el rescate bancario instrumentado tras la crisis económica de 1994-1995, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
La conversión de obligaciones relacionadas con el rescate bancario en deuda pública generó durante décadas un intenso debate sobre el costo que asumió el Estado mexicano para enfrentar la crisis y proteger al sistema financiero.
Para los sectores críticos de aquella decisión, el Fobaproa representa un ejemplo de cómo las consecuencias de una crisis financiera terminaron trasladándose a las finanzas públicas y, por tanto, a la sociedad mexicana.
En ese contexto, la permanencia de pensiones elevadas para antiguos funcionarios públicos vuelve a generar cuestionamientos sobre los privilegios, la transparencia y el destino de los recursos nacionales.
ELIMINARON LAS PENSIONES PRESIDENCIALES, PERO EL DEBATE CONTINÚA
Durante el gobierno de López Obrador se eliminó el esquema de pensiones para expresidentes de la República, una medida presentada como parte de la política de austeridad impulsada por la Cuarta Transformación.
Sin embargo, el caso de las pensiones vinculadas al Banco de México plantea un asunto distinto: determinar qué prestaciones reciben los antiguos funcionarios de la institución, bajo qué disposiciones legales y quién cubre efectivamente esos pagos.
Sheinbaum indicó que buscará conocer y hacer públicos esos datos, incluyendo las remuneraciones de quienes ocuparon cargos de alto nivel dentro del banco central.
“Muchos, bueno, todos los que fueron gobernadores o trabajaron en Banco de México tienen pensiones muy importantes. Vamos a ver si podemos por lo menos exponer cuáles son esas pensiones”, señaló.
TRANSPARENCIA Y AUSTERIDAD, EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN
El anuncio presidencial abre la puerta a una revisión pública de las pensiones de antiguos funcionarios de Banxico, un tema que involucra la autonomía del banco central, los derechos adquiridos, los criterios de remuneración y el uso de recursos públicos.
La discusión no se limita a Ernesto Zedillo o Guillermo Ortiz. También apunta a conocer cuántos exfuncionarios reciben estas prestaciones, cuáles son sus montos y qué mecanismos legales respaldan los pagos.
Por ahora, el anuncio de Sheinbaum se concentra en la revisión y transparencia de estas remuneraciones; cualquier modificación deberá considerar el marco jurídico aplicable.
La pregunta que queda sobre la mesa es cuántas pensiones de este tipo existen, cuánto cuestan y qué justificación tienen frente a una sociedad que exige transparencia y rendición de cuentas.






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