La denuncia por corrupción contra el rector de la UJED Rubén Solís Ríos

El 14 de diciembre de 2023, María “N”, como universitaria y en su momento parte de la administración central universitaria, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango en contra del rector de la UJED, Rubén Solís Ríos y varios de sus funcionarios -entre ellos el ex tesorero, Fortunato Rodríguez Acosta- por los que consideró “hechos y actos inmorales que han propiciado menoscabo moral y económico o el patrimonio de todos los universitarios, maestros, alumnos y personal administrativo sindicalizado de los tres sindicatos”.

“Por esta razón me atrevo a presentar esta denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción”, señaló al presentar formalmente una denuncia en contra de Rubén Solís Ríos en su calidad de rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango; de Julio Gerardo Lozoya Vélez, secretario General de la UJED; en contra de Fortunato Rodríguez Acosta, entonces tesorero General; en contra de Keila  Dalila Torres Cepeda, directora de Recursos Humanos; Edla Elena Wallander  García en su carácter de contralora”.

La denunciante refirió que hay un convenio para la operación de un Fondo de Pensiones el cual fue malversado y que asciende a una cifra del orden de los 27 millones 267 mil pesos, mismo que fue obligado al Rector reintegrarlo en abonos y “sin intereses”, en perjuicio del patrimonio de los trabajadores universitarios.

Señaló que Fortunato Rodríguez Acosta en su calidad de tesorero de la UJED, en contubernio con el Rector Rubén Solís Ríos y el secretario General de la UJED, no respetaron los fines de dicho fideicomiso tomando los descuentos de los créditos Hipotecarios, Seguros de Adeudo, Autos y Financiamiento de los beneficiarios mismos que no fueron restituidos a la cuenta del Fondo de Jubilación Académica por parte de la Administración Central, a sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio del SPAUJED, decidió desviar dichos recursos para otros fines diversos al no reintegrarlos a la cuenta de banco que se apertura para dicho propósito, siendo la Administración Central a través de la Tesorería General la responsable de retener  vía nómina los descuentos quincenales y transferirlos a dicho fondo de jubilación, descuentos realizados en distintas fechas y montos que arrojan una cantidad total de 27 millones 267 mil pesos.

La denunciante señaló que dicha conducta antijurídica que realizaron los funcionarios de la Administración Central de la UJED son conductas que constituyen la supuesta comisión de un delito regulado por el artículo 334 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango en el Capítulo VI, Uso indebido de Atribuciones y Facultades: 1.- El servidor público que indebidamente; II El servidor público qué a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o el del servicio público o de otra persona. III.-El Servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplica o hiciere un pago ilegal….”

En la denuncia se hace ver la incongruencia del Rector al contratar a una penalista, Adriana Ceceñas Román, como coordinadora de Relaciones Laborales adscrita a la oficina del abogado general Enrique García Carranza, por influencia de su hermana la magistrada Alma Rosa Solís Ríos, lo que mantiene trinando de coraje al abogado general quien en unas declaraciones manifiesta su enojo hasta con improperios con este nombramiento, donde dice que “todo lo que ahorita  vaya en contra de la Universidad, en la Fiscalía luego luego me hablan a mí”, “porque, como que está blindada, porque yo tengo chingo de relación ahí, tratando de no golpear a la rectoría yo me puedo ir a la chingada, yo no estoy casado con este trabajo”.

Adriana Ceceñas Román viola el Artículo 107 constitucional, que a la letra dice: Las magistradas, los magistrados, consejeras y consejeros y jueces estarán Impedidos para el ejercicio de la abogacía, salvo en causa propia, durante el ejercicio de su encargo. Tampoco podrán desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión, excepto los de carácter académico, científico u honorífico”. Al vencimiento de su nombramiento, tendrán derecho a un haber por retiro y no podrán actuar como patronos, abogados o representantes ante los tribunales del Poder Judicial del Estado, dentro del año siguiente a la fecha de su vencimiento.

El resto es una burla para la Facultad de Derecho, el Despacho Jurídico de la UJED y el cuerpo de abogados que rodean al rector Rubén Solís Ríos.