El contraste contundente: neoliberalismo vs. 4T

Durante décadas, la política social en México fue utilizada como moneda de cambio político, como un instrumento de control electoral y como un negocio para funcionarios y organizaciones intermediarias. Así lo dejó claro la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, al contrastar —con datos duros y memoria histórica— el modelo neoliberal de “combate a la pobreza” con la política de bienestar impulsada por la Cuarta Transformación (4T).

La diferencia no es menor: antes, programas asistenciales; hoy, derechos constitucionales.

El viejo régimen: asistencialismo, discrecionalidad y control político

Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera —programas emblema de los sexenios neoliberales, tanto del PRI como del PAN— compartían una misma lógica: focalizar la pobreza para administrarla, no para erradicarla. Bajo el disfraz de la ayuda social, estos esquemas operaban con discrecionalidad política, condicionando apoyos y utilizando la necesidad como herramienta electoral.

Las “ayudas” no eran derechos, eran favores. Despensas, láminas, cemento o varilla se entregaban de manera condicionada, muchas veces a través de organizaciones civiles o sociales que fungían como intermediarios, pero que en realidad se convertían en filtros políticos y, en no pocos casos, en negocios privados financiados con recursos públicos.

Los pueblos indígenas, por ejemplo, permanecieron históricamente relegados: sin reconocimiento pleno, sin prioridad presupuestal y reducidos a simples “beneficiarios”, incapaces de exigir aquello que nunca se les reconoció como derecho.

La 4T: del programa al derecho constitucional

Con la llegada de la Cuarta Transformación, el eje cambió de forma radical. Ya no se trata de programas sujetos a la voluntad del gobernante en turno, sino de derechos consagrados en la Constitución. Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y estudiantes dejaron de pedir apoyos: ahora ejercen derechos.

Uno de los cambios más profundos es la universalidad. Mientras la política neoliberal apostaba por la focalización —que fragmentaba, excluía y manipulaba—, la 4T avanza hacia pensiones universales: Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres. El mensaje es claro: los derechos no se seleccionan, se garantizan.

Además, se eliminó de tajo el sistema de intermediarios. Desde el 1 de diciembre de 2018, el gobierno estableció una relación directa con el pueblo: registro personal, tarjeta del Banco del Bienestar y entrega transparente de los recursos. Sin moches, sin gestores, sin condicionamientos.

El caso emblemático: la Pensión de Adultos Mayores

La historia de la Pensión de Adultos Mayores ilustra con precisión la diferencia entre ambos modelos. En 2001, Andrés Manuel López Obrador la creó en la Ciudad de México como jefe de Gobierno, enfrentando la crítica feroz de la derecha que auguraba el colapso financiero.

Años después, el gobierno de Felipe Calderón la copió, pero de forma limitada y excluyente: no era universal, dejaba fuera a pensionados y apenas se entregaba en pequeñas comunidades. Durante todo su sexenio, el monto jamás se incrementó.

Con Enrique Peña Nieto, el aumento fue simbólico: apenas 160 pesos en todo el sexenio.

En contraste, con la llegada de la 4T en 2018, la pensión se universalizó y el monto se multiplicó. De mil 160 pesos bimestrales pasó a 6 mil 200 pesos en 2024, un incremento histórico de más de 5 mil pesos.

La inversión social habla por sí sola:

Calderón destinó 67 mil millones de pesos.
Peña Nieto, 211 mil millones.
La Cuarta Transformación, en siete años, ha invertido más de 1.5 billones de pesos solo en esta pensión.
Eso no es dádiva, es justicia social.

Más inversión, más derechos, más ciudadanía

La 4T no solo aumentó montos; transformó la lógica del Estado. Hoy existen programas donde las comunidades administran directamente los recursos: La Escuela es Nuestra, La Clínica es Nuestra y el Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas. Se construye ciudadanía, no dependencia.

También se terminó con el manejo opaco del efectivo. La bancarización a través del Banco del Bienestar permite transparencia, eficiencia y control social del gasto público.

Y, por primera vez, las personas con discapacidad dejaron de ser invisibles. La Pensión para Personas con Discapacidad no existía en el neoliberalismo; hoy es un derecho constitucional, acompañado del reconocimiento al derecho a la rehabilitación como “derecho llave” para la autonomía.

Dos modelos, dos visiones de país

El contraste es contundente:

Neoliberalismo: asistencialismo, condicionamiento, mercado por encima de derechos, exclusión y simulación.
Cuarta Transformación: derechos universales, inversión social histórica, relación directa con el pueblo y un Estado que asume su responsabilidad social.
La política social dejó de ser un favor para convertirse en un derecho exigible. Esa es, quizá, una de las rupturas más profundas entre el viejo régimen y el proyecto de la 4T. Y también una de las razones por las que, en 2024, el pueblo decidió darle continuidad a la Transformación.