Los amos del agua caen

Los bloqueos carreteros que la derecha intentó vender como “protestas legítimas de campesinos” ya mostraron su verdadero rostro: no se trataba de productores humildes defendiendo su subsistencia, sino de los grandes potentados del campo mexicano que, durante décadas, han vivido de un negocio que jamás debió existir: lucrar con el agua de la Nación.

Esta mañana, desde la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló información que desmonta por completo la narrativa de caos e ingobernabilidad que la oposición intenta fabricar. Lo que está en disputa no es el agua de los campesinos, no son los pozos de las casas, no son los derechos de los ejidos: lo que está en juego es el fin de un sistema corrupto que permitió a unos cuantos enriquecerse obscenamente vendiendo un recurso que no les pertenece.

El negocio millonario que explican los bloqueos

Sheinbaum fue contundente: hay distritos de riego con concesiones gratuitas —porque por ley son para la producción de alimentos— que no usan el agua para sembrar… sino para venderla a los municipios. Es un negocio que alcanza los 300 millones de pesos anuales, suficientes para explicar por qué algunos "campesinos" llegan a protestar en camionetas de lujo.

Es la vieja historia: los que provocan el caos no son los que trabajan la tierra, sino los que se hicieron ricos exprimiéndola.

Los nombres que vienen y el legado de Calderón

La presidenta adelantó que pronto se revelarán los nombres de quienes recibieron una avalancha de concesiones durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando la corrupción hídrica fue política de Estado. También adelantó que aparecerán responsables en las oficinas de Conagua en los mismos estados donde hoy —¡qué casualidad!— intentan fabricar un clima de ingobernabilidad.

La jugada es obvia: quienes antes se beneficiaban del desorden ahora se disfrazan de víctimas.

La reforma a la Ley de Aguas: poner orden donde antes había privilegio

La oposición y sus voceros han insistido en mentiras grotescas: que encarcelarán a quien tenga un pozo en su casa, que los ejidatarios no podrán heredar, que los agricultores quedarán indefensos. Todo es falso. Lo que la reforma hace es, por fin, poner orden donde por décadas imperó la rapiña:

Qué sí plantea la reforma:

Reconocer el agua como un bien estratégico para el desarrollo nacional.
Que el Estado sea el único facultado para otorgar concesiones.
Eliminar los cambios de uso discrecionales que permitían la especulación.
Mantener los derechos cuando se vende una propiedad con agua.
Fortalecer los procedimientos contra el robo de agua.
Crear un fondo de reserva de aguas nacionales.
Impedir por ley la especulación y el acaparamiento.
Garantizar que nadie será encarcelado por tener un pozo doméstico.
Nada de esto afecta a los campesinos. Lo que afecta es el gran negocio de quienes hicieron del agua un producto privado, heredado y revendido sin controles.

¿El problema? Los dueños del privilegio

Sheinbaum fue clara: hay personajes con decenas de concesiones que no quieren perderlas. Algunos, incluso, sobreexplotan el recurso y aun así exigen “derecho” a seguir haciéndolo. Otros se oponen a la tecnificación, a pesar de que el gobierno está entregando recursos para hacer más eficiente el consumo. Lo que quieren no es producir: es seguir cobrando.

Por eso protestan.
Por eso bloquean carreteras.
Por eso mienten.

Porque la reforma no toca a los campesinos, sino a los acaparadores.

El agua es un derecho humano, no un negocio familiar

Desde 1992, con la vieja ley salinista, desarrolladores inmobiliarios y grupos económicos hicieron fortunas transmitiendo concesiones “así nada más”, sin regulación. Eso se acabó.

La reforma establece que quien quiera desarrollar vivienda tendrá que acudir a Conagua; que ya no se podrán transferir derechos a terceros en la oscuridad; que el agua volverá al Estado, que es donde siempre debió estar.

La derecha defiende sus viejos negocios, no al campo

Mientras Rubén Moreira y otros personajes del PRI inventan fantasías —como que ya no se podrán usar pozos—, la presidenta lo dejó claro: cada quien encabeza la lucha que quiere. La oposición encabeza la defensa de sus viejos privilegios; el gobierno de la Cuarta Transformación encabeza la defensa del agua como derecho humano y como recurso estratégico para todas y todos.

La diferencia es abismal.

El fondo del conflicto

No es un debate técnico. No es una protesta campesina.
Es la resistencia de quienes se acostumbraron a ganar millones vendiendo agua ajena.
Es la oposición intentando convertir la defensa del privilegio en una causa social falsa.
Es la transformación enfrentando, una vez más, a los poderes reales.

Y como en cada batalla por los bienes públicos, la reacción grita, miente, manipula.
Pero la realidad es más fuerte: el agua pertenece a la Nación, y la reforma simplemente lo hace valer.

Poner orden no limita el desarrollo: lo hace posible

Sheinbaum lo sintetizó con claridad: ordenar el uso del agua no frena el desarrollo, lo permite. Un país donde el recurso hídrico está secuestrado por unos cuantos es un país condenado. Uno donde el agua llega a quien la necesita —y no al mejor postor— es un país que mira al futuro.

Por eso duele tanto a los de siempre. Por eso es tan necesario para todos.